El pleno del Consejo de Políticas del Juego, presidido por el ministro de Consumo de España, Alberto Garzón, ha aprobado el 21 de septiembre de 2020 la propuesta para trabajar en la interconexión de los registros de prohibidos estatal y autonómicos con la finalidad de proteger a miles de personas y familias frente a los problemas del juego.
De esta forma, el Gobierno central, las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla avanzan hacia una coordinación total en la protección de personas con trastorno del juego y de sus familias. El acuerdo alcanzado ha contado con el apoyo de todas las Comunidades Autónomas, a excepción del voto en contra de Cataluña y las abstenciones de País Vasco y Comunidad Valenciana.
Además de este acuerdo, se ha aprobado, por unanimidad, un acuerdo para formalizar, en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Políticas del Juego, la nueva estructura organizativa de la Administración General del Estado en dicho Consejo.
