La Federación Colombiana de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos) reaccionó a las recientes decisiones del Gobierno Nacional en materia tributaria y advirtió que los decretos 0240 y 0241, expedidos en el marco de una emergencia económica, presentan graves fallas de diseño normativo y podrían tener consecuencias negativas para la industria legal del juego en Colombia.
Colombia crea un impuesto al consumo del 16% para las apuestas en línea
Mediante los decretos 0240 y 0241, el Gobierno Nacional estableció un nuevo impuesto al consumo del 16% aplicable a las apuestas realizadas a través de plataformas de juego operadas exclusivamente por internet. Según la normativa, el hecho generador del tributo será el depósito en dinero que realice el usuario para participar en apuestas dentro de estos sitios, independientemente del mecanismo de pago utilizado, ya sea dinero en efectivo, transferencias bancarias o criptoactivos.
En términos prácticos, el gravamen se activará cada vez que un apostador transfiera fondos a su cuenta dentro de un operador de juegos en línea, lo que implica que el impuesto recaerá sobre la intención de jugar antes de que se produzca cualquier resultado.
Fecoljuegos alerta sobre inconsistencias jurídicas y técnicas en los decretos
Evert Montero Cárdenas, presidente de Fecoljuegos, cuestionó públicamente el contenido de ambos decretos en una entrevista con el medio colombiano Semana. El directivo señaló que las medidas evidencian un desconocimiento profundo del funcionamiento de la industria y generan una incertidumbre jurídica y operativa difícil de gestionar.
Entre las inconsistencias identificadas, Montero destacó que el decreto retoma un impuesto que se encuentra suspendido y actualmente en revisión por parte de la Corte Constitucional. A ello se suma una contradicción interna en la propia arquitectura del tributo: mientras el decreto 0240 define como hecho generador el depósito que realiza el usuario en su cuenta, la base gravable establecida es el ingreso real del operador, es decir, el monto resultante de restar los premios pagados a las apuestas recibidas.
«No se entiende cómo se hizo y con qué consideraciones técnicas», afirmó Montero sobre esta combinación, que en su criterio hace inviable la aplicación coherente de la norma.
Una diferencia entre decretos que no es menor: 16% frente a 19%
La contradicción no se limita al articulado interno del decreto 0240. Montero llamó la atención sobre una discrepancia adicional entre ambas normas: el decreto 0241, que ordena una adición presupuestal, proyecta ingresos provenientes de un IVA del 19% sobre el juego en línea, mientras que el decreto 0240 establece un impuesto al consumo del 16%.
«Es una diferencia muy compleja que no es menor y muestra que el diseño normativo fue muy mal concebido, que no hay conocimiento de la industria y ni siquiera de las decisiones que se están tomando», declaró el presidente de Fecoljuegos. Esta divergencia entre los propios instrumentos del Ejecutivo refuerza la tesis del gremio sobre la precariedad técnica de las medidas adoptadas.
El sector legal, sin garantías competitivas frente al juego ilegal
Más allá de las inconsistencias normativas, Fecoljuegos advirtió que el impacto de fondo de estos decretos será el fortalecimiento del mercado ilegal. Montero fue enfático al señalar que los operadores legales ya trabajan en condiciones de desventaja frente a plataformas ilegales que no cumplen requisitos de licenciamiento y utilizan pasarelas de pago para movilizar dinero sin ningún tipo de control estatal.
«Los operadores legales no tienen hoy en día garantías para desarrollar su actividad. La vena rota de este sector está en las apuestas ilegales que el gobierno ha sido incapaz de controlar», señaló Montero. En ese contexto, agregar una carga tributaria adicional al sector regulado no hace más que ampliar la brecha competitiva entre ambos mercados.
Fecoljuegos advierte que los nuevos impuestos impulsarán la ilegalidad
Para el gremio, la ilegalidad es el gran beneficiario de las decisiones adoptadas por el Gobierno. Montero recordó que en Colombia es posible apostar ilegalmente con gran facilidad, tanto a través de plataformas digitales como de manera presencial, y que a pesar de las solicitudes reiteradas de Fecoljuegos para que se refuercen los controles, los resultados concretos han sido escasos.
«Al no darles las garantías competitivas a una industria que está entre las más controladas en el país, se abre aún más la puerta a la ilegalidad», sostuvo el directivo. En su análisis, las nuevas medidas tributarias responden más a una lógica política de recaudación que a un diagnóstico técnico del sector, y su efecto neto podría ser poner en riesgo la sostenibilidad de la actividad legal, en lugar de fortalecer las arcas públicas.
