Holanda diseñó una suba gradual del impuesto al juego online con un objetivo claro: aumentar los ingresos fiscales estructurales del sector regulado. La tasa pasó del 30,5% al 34,2% en 2025 y está previsto que escale hasta el 37,8% en 2026. Sin embargo, los primeros resultados del nuevo esquema fiscal muestran que el efecto ha sido contrario al esperado por las autoridades.
Según un análisis del sector publicado por VNLOK, el organismo comercial que representa a los operadores con licencia en los Países Bajos, en 2025 se recaudaron 43,5 millones de euros menos en impuestos al juego online respecto al año anterior. El propio regulador holandés KSA coincide con ese diagnóstico y anticipa una caída de ingresos fiscales de alrededor de 40 millones de euros año tras año.
Holanda: Por qué sube el impuesto y se recauda menos
La lógica detrás del fenómeno es directa: cuando la presión fiscal sobre los operadores con licencia se vuelve demasiado elevada, una parte creciente de los jugadores migra hacia plataformas sin licencia que ofrecen mejores condiciones. Esos operadores ilegales no pagan impuestos holandeses ni cumplen con las normas nacionales de protección al consumidor.
De acuerdo con un estudio del KSA citado por el sector, la actividad de juego online en sitios extranjeros sin licencia superó al juego en plataformas autorizadas durante la primera mitad de 2025. El dato es especialmente significativo porque confirma que el mercado ilegal ya no es marginal, sino que compite de igual a igual con el regulado, e incluso lo supera en ciertos períodos.
«Financieramente imprudente»: la acusación de VNLOK al gobierno
Björn Fuchs, presidente de VNLOK, no eligió palabras suaves para describir la situación. «El gobierno intenta generar ingresos adicionales con esta medida, pero está logrando lo contrario», afirmó. «Estamos viendo menores ingresos fiscales, más ofertas ilegales y menos dinero para deportes y organizaciones benéficas. Esto no solo es financieramente imprudente, sino que también socava la política de protección de los jugadores. El jugador es la víctima de esta política».
La advertencia de VNLOK llega en un momento clave: el 11 de marzo está programado un debate en comité parlamentario sobre los impuestos al juego, lo que convierte a este análisis en un insumo directo para la discusión legislativa.
El impacto sobre el deporte holandés
Las consecuencias de la política fiscal no se limitan a la recaudación. Según estimaciones del sector, cada aumento de un punto porcentual en el impuesto al juego reduce las contribuciones al deporte holandés en alrededor de $2,7 millones de dólares. El Comité Olímpico Holandés estima que el actual ciclo de aumentos costará al sector deportivo nacional entre $13,6 y $16,3 millones de dólares, una cifra que ilustra el alcance de las consecuencias indirectas de una política fiscal diseñada sin considerar el comportamiento real del mercado.
Qué piden los operadores al Parlamento
VNLOK no actúa sola en este reclamo. La asociación sumó a VAN Kansspelen, la Lotería Holandesa y Holland Casino en una solicitud conjunta a los legisladores: que el gobierno presente una evaluación formal de los cambios en los impuestos al juego antes del segundo trimestre de 2026, y que los resultados de esa evaluación sean incorporados a futuras decisiones de política fiscal.
La posición del sector es que no se trata de una resistencia al pago de impuestos, sino de una advertencia técnica sobre los efectos no deseados de una política mal calibrada. En palabras de VNLOK, gravar con más fuerza al mercado regulado mientras el ilegal opera sin restricciones equivale a penalizar a quienes cumplen las reglas y premiar a quienes las evaden.
Una lección que se replica en toda Europa
El caso holandés no es aislado. Los grupos industriales señalan que la tendencia de consumidores que migran hacia operadores sin licencia ante el aumento de la presión fiscal se está acelerando en toda Europa. La experiencia holandesa ofrece una evidencia concreta de ese patrón: cuando el diferencial entre el juego regulado y el ilegal se amplía en términos de precio o accesibilidad, el mercado negro gana terreno de forma sistemática.
Para los reguladores del continente, el dilema es cada vez más visible: una fiscalidad excesiva puede destruir precisamente el mercado que se busca regular, dejando a los jugadores sin protección y al Estado sin recaudación.
