El incumplimiento del pago de cuotas alimentarias es una problemática que afecta a miles de familias en Argentina y que los marcos legales vigentes no siempre logran resolver de manera efectiva. En Mendoza, la Cámara de Diputados provincial comenzó a debatir en abril de 2025 dos proyectos de ley que proponen endurecer las consecuencias para quienes figuran en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, extendiendo las restricciones más allá del ámbito estatal y hacia espacios de la vida cotidiana como los casinos, los eventos culturales y los servicios financieros.
La discusión legislativa refleja una tendencia creciente en distintas provincias argentinas de utilizar la regulación del juego y el entretenimiento como herramienta de presión social y económica para incentivar el cumplimiento de obligaciones judiciales.
Qué propone el proyecto de la diputada Giuliana Díaz
La iniciativa fue presentada por la diputada Giuliana Díaz y comenzó su tratamiento en la Comisión de Género y Erradicación de la Trata de Personas, que ella misma preside. El proyecto busca incorporar un nuevo artículo a la Ley Provincial 6.879, que actualmente regula el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, con el fin de ampliar el alcance de las sanciones previstas.
Según el texto de la propuesta, las restricciones no deberían limitarse al acceso a beneficios o trámites estatales, sino extenderse a espacios de uso cotidiano. Entre las medidas concretas se incluye la prohibición de ingreso a casinos, así como a espectáculos deportivos, recitales, fiestas y eventos culturales. Además, el proyecto prevé limitar el acceso al crédito y a distintos servicios financieros para quienes registren deudas alimentarias impagas.
La propuesta del diputado opositor Gustavo Perret
Días antes de que el proyecto de Díaz comenzara su tratamiento en comisión, el diputado opositor Gustavo Perret presentó una iniciativa propia con objetivos similares. Su propuesta también apunta a modificar la Ley Provincial 6.879, con el declarado propósito de fortalecer las herramientas institucionales disponibles e incentivar la regularización voluntaria de las deudas.
El proyecto de Perret contempla la aplicación automática de nuevas restricciones para los deudores alimentarios morosos. Entre ellas, figura explícitamente la prohibición de ingreso a casinos, salas de juego y plataformas de juego online autorizadas por el Instituto Provincial de Juegos y Casinos. Además, la iniciativa establece que el organismo regulador debería implementar mecanismos técnicos para bloquear el acceso de deudores a esas plataformas digitales, incluyendo la suspensión de las cuentas de juego registradas a su nombre.
Por qué los casinos y el juego online aparecen en el debate sobre deuda alimentaria
La inclusión de los casinos y las plataformas de apuestas online en ambos proyectos no es casual. Responde a una lógica de visibilidad social: restringir el acceso a espacios asociados al ocio y al gasto discrecional envía un mensaje claro sobre las prioridades que la ley busca imponer. Si una persona no puede cumplir con una obligación alimentaria fijada judicialmente, el Estado considera que tampoco debería acceder a actividades recreativas que implican un desembolso económico voluntario.
Desde la perspectiva regulatoria, la inclusión de las plataformas de juego online representa además un avance técnico significativo. A diferencia de los casinos físicos, donde el control depende de listados en las entradas, las plataformas digitales permiten implementar bloqueos automáticos vinculados a bases de datos oficiales, lo que hace más viable y sostenible la medida en el tiempo.
Qué puede ocurrir con ambos proyectos en la Legislatura de Mendoza
Por el momento, ninguna de las dos iniciativas ha avanzado hacia el recinto. Sin embargo, según medios locales, no se descarta que ambos proyectos sean unificados antes de su tratamiento legislativo definitivo, dado que comparten el mismo objetivo general y proponen modificaciones sobre la misma norma base.
De concretarse esa unificación, la provincia de Mendoza podría convertirse en un caso de referencia para otras jurisdicciones argentinas que buscan actualizar sus mecanismos de presión sobre deudores alimentarios, incorporando al sector del juego regulado como un actor clave en la aplicación de sanciones extrajudiciales.
