La reciente licitación para la instalación de máquinas tragamonedas en Montevideo ha desatado una ola de cuestionamientos por parte de los operadores del sector de juegos de azar. El proceso, que contempla la adjudicación de 1,000 nuevos slots en la capital uruguaya, está siendo señalado por presuntas inconsistencias que podrían comprometer la transparencia y equidad del concurso.
Detalles del proceso licitatorio cuestionado
El llamado a licitación establece la distribución de 1,000 máquinas tragamonedas distribuidas en distintas zonas estratégicas de Montevideo. Las autoridades han defendido este proceso como una oportunidad para regular y controlar una actividad que ha operado históricamente en zonas grises, pero los empresarios del sector han alzado la voz contra diversos aspectos del pliego licitatorio.
Entre los puntos más cuestionados se encuentra el criterio de evaluación económica, que según varios operadores, parece diseñado para favorecer a determinados participantes.
Específicamente, la oferta económica tendría un peso del 50% en la evaluación final, mientras que aspectos como la experiencia y capacidad técnica representarían solo un 20%.
Impacto económico y regulatorio en juego
La licitación de máquinas tragamonedas representa un importante movimiento en la regulación del juego en Uruguay, país que ha mantenido tradicionalmente un control estricto sobre esta actividad. El gobierno ha defendido el proceso argumentando que busca trasladar el juego informal hacia un marco legal que permita mayor recaudación fiscal y control de la actividad.
Los ingresos proyectados para el Estado por esta licitación superarían los 10 millones de dólares anuales, recursos que según las autoridades, serían destinados a programas sociales y de prevención de la ludopatía.
Contexto regulatorio de los juegos de azar en Uruguay
Uruguay ha mantenido históricamente una política de juego regulado donde el Estado ha ejercido un rol protagonista. La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ) y la Dirección General de Casinos han sido los principales organismos encargados de fiscalizar esta actividad.
La presente licitación representa un cambio de paradigma al permitir una mayor participación privada, aunque bajo estrictos controles estatales que, según los críticos, podrían estar diseñados para favorecer a determinados grupos económicos vinculados al sector.
Los expertos en regulación de juegos señalan que este tipo de procesos deberían priorizar la transparencia y garantizar condiciones equitativas para todos los potenciales operadores, evitando así la concentración del mercado en pocas manos.
