Hace dos años, España inauguró el Ministerio para la Transición Ecológica. En Francia funciona el Ministère de la Transition Écologique et Solidaire y, en Alemania, hace tiempo que existe el concepto Energiewende aplicado a la energía. En general, los países de la Unión Europea (UE) vienen hablando —incluso desde antes de la pandemia—, de aprovechar los fondos de la reconstrucción, a raíz de la crisis sanitaria, para financiar la transición ecológica. Algunos territorios ya están bastante avanzados en este aspecto: Suiza, Islandia, Suecia y Países Bajos, entre otros.
Esta oportunidad se refiere a saltar del modelo de producción y consumo insostenible —tóxico, ineficiente y basado en los combustibles fósiles— a otro sostenible apoyado en la economía circular, la eficiencia, la ecoindustria, la ecoagricultura y las energías renovables. Para ello, ya existen objetivos y fechas planteados en el Protocolo de Kioto de las Naciones Unidas, en el Paquete Europeo de Energía y Cambio Climático, y en el Acuerdo de París.
OBJETIVOS VERDES
Para el 2020, distintas naciones de la UE se comprometieron a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 % con respecto a 1990. De la misma manera, para el 2030 la meta es reducir al menos un 20 % con respecto a 1990, generar el 70 % de la electricidad con renovables, asegurar que al menos el 35 % del consumo final de energía provenga de renovables, y mejorar la eficiencia energética en al menos un 35 %. Y para el 2050, deberán bajarse al menos un 90 % con respecto a 1990; así el sistema eléctrico deberá ser ya 100 % renovable.
Cabe señalar que, en la versión 25 de la Conferencia de las Partes (COP), el acuerdo suscrito por los representantes de los Estados miembros fue calificado de insuficiente. En él no se incluyó el apartado sobre la regulación de los mercados de carbono. Por eso, diversos activistas y organizaciones civiles pidieron aumentar la expectativa climática en el 2020 y cumplir el Acuerdo de París para evitar que el aumento de la temperatura supere 1.5 grados Celsius este siglo.
FINANCIACIÓN
En febrero de este año, Úrsula von der Leyen, titular de la Comisión Europea, reclamaba ante la Eurocámara que se destine al menos el 25 % del presupuesto 2021-2027 a la lucha contra el cambio climático. “El tiempo apremia. Si no disponemos de un presupuesto coherente en los próximos años, no podremos alcanzar las nuevas prioridades que nos hemos fijado”, declaró la presidenta de la Comisión, pidiendo un balance entre antiguas y nuevas prioridades.
Ante la ausencia de Reino Unido, algunos países de dicha organización se opusieron y prefirieron que las políticas agrícolas y de cohesión no se recorten para dichos fines. Sin embargo, el 15 de mayo la Sección de Economía del Comité Económico y Social Europeo (CESE) de la UE aprobó el dictamen del Plan de Inversiones del Pacto Verde Europeo para que sea incluido dentro del Plan de Reconstrucción tras el COVID-19.
El Plan verde propone destinar esta década cerca de 503 000 millones de euros para movilizar otros fondos privados y públicos. Esto representa aproximadamente el 2 % de la Renta Nacional Bruta de la comunidad europea, un porcentaje doble al actual. De cualquier forma, la Unión Europea se había propuesto convertirse en el primer bloque climáticamente neutro del mundo de aquí al 2050. Es decir, que solo emitirá tanto CO2 como sea capaz de absorber.
ALERTA CLIMÁTICA
Para noviembre de 2019, casi 1200 jurisdicciones y gobiernos locales en 23 países habían declarado el estado de emergencia climática. Además, alrededor de 10 000 ciudades ya han adoptado objetivos para reducir las emisiones de carbono, muchos de los cuales están vinculados a la energía renovable, señala el Informe sobre la Brecha de Emisiones recientemente publicado.
Las emisiones de gases de efecto invernadero crecieron un promedio de 1.6 % cada año entre 2008 y 2017. En consecuencia, con las políticas actualmente vigentes, el aumento de la temperatura media global a fines de este siglo será de entre 2.9 °C y 3.4 °C. Si no aumenta el nivel actual de expectativa con respecto a las metas sostenibles, todas las predicciones de impactos climáticos catastróficos se harán realidad: un aumento considerable del nivel del mar, los fenómenos meteorológicos extremos y el daño incalculable a las personas, la naturaleza y la prosperidad.
COMBUSTIBLES LIMPIOS
Las energías renovables, verdes o alternas son aquellas fuentes de energía basadas en la utilización de recursos naturales: el sol, el viento, el agua o la biomasa vegetal o animal. Se caracterizan por tener un impacto minúsculo en el medioambiente ya que no generaran contaminantes. A diferencias de estas, la energía obtenida de combustibles fósiles es sumamente perjudicial para el planeta y no es capaz de renovarse ilimitadamente.
Una estimación de la ONU Medio Ambiente señala que, si la totalidad de la flotilla actual de buses y taxis de 22 ciudades en 12 países de América Latina fuera reemplazada por vehículos eléctricos a partir de este año, se ahorrarían para 2030 casi 64 000 millones de dólares en combustibles y se reducirían 300 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2).
Muchos países aún pronostican que la implementación de sistemas de energía 100 % renovables se demorará varias décadas. Sin embargo, hay numerosas ciudades en el mundo que hoy en día obtienen el porcentaje completo de su electricidad a través de fuentes renovables. Ahora, estas mismas ciudades están tomando medidas para expandir sus ambiciones energéticas al deshacerse de los combustibles fósiles en los sectores de calor, frío, transporte e industria.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Si bien las energías renovables están dando grandes pasos en el sector de la energía —donde ahora suministran más de una cuarta parte de la electricidad del mundo—, esto por sí solo no es suficiente para lograr la transición energética. Se necesita más para limitar las emisiones globales.
Los residentes de las ciudades pueden contribuir de muchas maneras diferentes, incluso eligiendo tarifas de energía renovable, cambiando a proveedores ecológicos y convirtiéndose en prosumidores instalando sus propios sistemas o participando en uno de los cada vez más numerosos proyectos de energía comunitaria que surgen en las zonas urbanas o sus alrededores. Asimismo, los Gobiernos podrían incentivar el cambio a través de políticas y normas como la emisión de bonos o bancos verdes, la implementación de tecnología verde y la estimulación de los proyectos comunitarios de energía renovable.
