El pasado 16 marzo, 10 días después de registrarse el primer caso por coronavirus, el Gobierno decretó el estado de emergencia sanitaria, entró a una cuarentena obligatoria (inicialmente dos semanas) y cerró todas sus fronteras.
De esta manera, el Perú se adelantaba a varios países de América Latina en tomar medidas de prevención. Con el paso de los días esta cuarentena se prorrogó hasta por cinco veces.
Pero una vez que se comenzaron a levantar estas medidas, llegó lo que se temía. Los casos y muertes empezaron a dispararse y los hospitales, que ya estaban colapsados, entraron a una situación crítica.
PLANO ECONÓMICO
En los últimos 20 años, el país había experimentado un crecimiento que destacaba en la región: su manejo macroeconómico era reconocido por organismos internacionales.
Todo ello hacía contar, en el inicio de la pandemia, con una suficiente “espalda fiscal” para poder emprender medidas audaces, según señalaba la ministra de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva.
Y así fue. Perú anunció, a finales de marzo, que alistaba el mayor plan económico de Latinoamérica para contrarrestar los efectos del coronavirus. Más de 25 000 millones de dólares (12 % del Producto Interno Bruto) se iba a destinar a esta iniciativa. Medios internacionales como la BBC destacaban que este gasto se podía comparar, en términos porcentuales, con el de otros países de Europa como Dinamarca.
Al paralizarse las actividades económicas, el Gobierno realizó la entrega de bonos por 380 soles, que luego iban a duplicarse en abril para alrededor de 3.5 millones de familias pobres del país. Además, se destinó otro monto para la entrega de canastas a través de 1874 municipios.
Entre otras medidas, destacó Reactiva Perú, programa de garantías del Gobierno que buscaba asegurar la continuidad en la cadena de pagos a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. El programa se inició con 30 000 millones de soles y se amplió a 30 000 millones adicionales.
El Ejecutivo también autorizó que los empleados puedan retirar un monto de sus cuentas por Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y de sus fondos de pensiones.
SE IMPUSO LA INFORMALIDAD
La prontitud de las medidas ejecutadas colocaba al Perú en el camino correcto y hacía presagiar que era muy posible que se convirtiera en uno de los primeros países en contener la propagación del virus. Agregado a ello, el presidente Martín Vizcarra gozaba de un contundente 87 % de aprobación —según la encuesta nacional Ipsos—, luego de declararse el estado de emergencia. Pero, conforme fueron pasando los meses, este respaldo se fue desinflando, y los que no retrocedieron fueron los casos de contagios que reportaba el Ministerio de Salud a diario.
Entre los factores que podrían ayudar a descifrar esta situación se encuentra la informalidad. Poco más del 70 % de la población vive de la economía informal o realizan oficios, cuyos ingresos los consiguen en el día a día.
Muchas de estas personas estuvieron obligadas a salir (no a todos les llegó el bono entregado por el Gobierno). Los mercados se convirtieron en los focos de infección y en varias partes de la ciudad, las autoridades poco pudieron hacer para imponer el orden.
Las cifras continuaron subiendo y a finales de mayo se registró el primer pico de contagios (en un solo día se registraron más de 5000 casos).
EMPLEO AFECTADO
La buena noticia fue que desde aquella fecha los casos empezaron a descender. Pero la paralización de gran parte de las actividades comerciales y el confinamiento comenzaron a pasar factura. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló que entre abril y junio el desempleo subió a 8.8 %. Según el estudio, al menos 994 300 personas buscaron empleo activamente durante esos tres meses. Esta cifra representa más del doble respecto al segundo trimestre del 2019.
La cifra se traduce en más de 6.7 millones de peruanos que perdieron su empleo durante ese periodo (una contracción del 39.6 %, respecto al año anterior). Los sectores de servicios y comercio ocuparon el 88 % de las plazas que se perdieron, mientras que el de la construcción sufrió una contracción del 67.9 %, la más afectada.
El Gobierno emprendió un reto de recuperación económica en el más corto tiempo posible, a través de la reanudación progresiva de las actividades productivas. Este plan constaba de cuatro fases. La primera se inició en mayo con el reinicio de 27 actividades en cuatro sectores económicos (minería e industria, construcción, servicios y turismo y comercio). Luego vendría en junio la aprobación de la fase 2, con la reanudación de 28 actividades (agricultura, minería, manufactura, construcción, comercio, servicios y transporte). En julio se inició la tercera fase, en la que de forma gradual se fueron incorporando más sectores productivos. Y hay una cuarta fase, en el que están comprendidas la industria del entretenimiento, cuya reactivación se tenía prevista para agosto, pero el fuerte impacto de la pandemia a estas alturas, detuvieron el cronograma.
SIN CUARENTENA
El presidente Martín Vizcarra decidió levantar la cuarentena en julio (excepto en siete departamentos). La inmovilización social o “toque de queda” se redujo desde las 22:00 hasta las 4:00 horas del día siguiente. Algunos analistas cuestionaron la medida, puesto que el país había empezado a bajar la curva de casos y decesos, sin embargo, otro grupo consideraba que “sin economía, tampoco había salud”.
Las personas nuevamente se volcaron a las calles y empezaron a aparecer las fatídicas reuniones sociales. Los focos de contagios ya no solo eran los mercados ni el transporte público, sino que ahora también se sumaron estos encuentros familiares.
Esta secuencia de hechos, sumado al cada vez más crítico sistema de salud, se reflejaron en el repunte de las cifras de contagios. En las primeras semanas de agosto se registraron hasta más de 10 000 contagios diarios y se logró el récord de número de decesos diarios (228). Hasta el cierre del informe, el país contaba con más de 620 000 casos confirmados y más de 28 000 muertos (Aunque se estima que la cantidad real se acerque a los 50 000). La última semana de agosto el Perú se convirtió en el primer país con más mortalidad en el mundo, con alrededor de 85.8 muertes por cada 100 000 habitantes. Este es el resultado de dividir el número de decesos por su población nacional (32.6 millones de habitantes).
¿FIN DE LA CRISIS?
De acuerdo a la revista Bloomberg, el Perú lidera además la crisis económica mundial con una caída de 30.2 % del PIB respecto al año anterior. La peor caída trimestral (20 %) se había registrado en la época de la hiperinflación, en 1989.
En su mensaje a la Nación, el presidente Martín Vizcarra anunció otro paquete de bonos para paliar la crisis. A mediados de agosto, nuevamente se regresó al toque de queda los domingos para contener al virus. Y en paralelo, el Gobierno viene cerrando convenios con los laboratorios para contar con las vacunas contra el COVID-19. “Creo que tendremos a principios del próximo año ese conjunto de laboratorios con los cuales estamos negociando, tanto a través de los ensayos clínicos como de las compras anticipadas”, anunció el canciller Mario López Chávarri.
Lo que se está observando en los últimos días es el descenso de casos y muertes por el virus. A finales de agosto, por ejemplo, se reportó 123 muertos, la cifra más baja en más de dos meses. El Gobierno tiene previsto que las cifras continúen esa tendencia por lo que ha empezado a evaluar el inicio de la cuarta y última fase de la reactivación económica.
