El Senado de Uruguay recibió un nuevo proyecto de ley que pretende establecer un marco regulatorio integral para el juego online en el país sudamericano. La iniciativa, presentada por el senador Felipe Carballo, llega en un momento en que el oficialismo busca retomar esta discusión durante el actual período de gobierno.
La propuesta representa un cambio significativo en la forma en que Uruguay aborda los juegos de azar digitales, adaptando su tradicional modelo monopolístico estatal a las realidades del mundo digital y globalizado.
Creación de una Plataforma Estatal de Juego Online
El eje central del proyecto es la creación de una Plataforma Estatal de Juego Online, que quedaría bajo la administración de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas. Esta entidad sería responsable de explotar, regular y controlar todas las actividades relacionadas con los juegos de azar en internet dentro del territorio uruguayo.
El modelo propuesto se define como «mixto», permitiendo que el Estado explote directamente parte de la actividad mientras regula la participación de operadores privados. Estos últimos deberían operar bajo un régimen que contempla aspectos técnicos, fiscales y sanitarios.
Una nueva agencia reguladora para concentrar competencias
El proyecto contempla la creación de la Agencia Nacional de Regulación del Juego Online, que funcionaría como una persona pública no estatal. Esta nueva institución tendría como objetivo centralizar competencias que actualmente se encuentran dispersas entre diferentes organismos estatales, como la Dirección General de Casinos y la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.
Esta consolidación busca generar mayor eficiencia en la supervisión y control del sector, evitando superposiciones y vacíos regulatorios.
Amplias facultades para el organismo regulador
La Agencia Nacional de Regulación del Juego Online tendría una serie de competencias específicas que le permitirían ejercer un control exhaustivo sobre el sector. Entre sus principales funciones se encontrarían el otorgamiento de licencias a operadores privados, la fiscalización de plataformas, algoritmos y transacciones financieras, y la implementación del Registro Nacional Digital de Apostadores.
Además, la entidad estaría facultada para regular la publicidad y las prácticas de marketing relacionadas con el juego online, coordinar acciones de salud pública y educación digital, e imponer sanciones administrativas que incluyen la revocación de licencias a operadores que incumplan la normativa.
Registro obligatorio de apostadores con trazabilidad financiera
Uno de los aspectos más destacados del proyecto es el artículo 5, que establece la creación del Registro Nacional Digital de Apostadores. Toda persona que desee participar en apuestas online deberá inscribirse en este registro, que garantizará la trazabilidad financiera de las operaciones y permitirá establecer límites de gasto configurables.
Esta medida busca proteger a los usuarios y prevenir problemas asociados al juego compulsivo, al tiempo que facilita el control tributario de la actividad.
Penalización de operaciones no autorizadas
El texto del proyecto establece como delito la explotación con fines de lucro de juegos online sin la debida autorización estatal. Esta disposición busca eliminar la operación de plataformas ilegales que actualmente funcionan sin ningún tipo de supervisión ni pago de impuestos en Uruguay.
Adaptación a un mercado globalizado y digitalizado
En la exposición de motivos, el senador Carballo reconoce que desde el siglo XIX Uruguay ha mantenido un modelo en el que el Estado ejerce el monopolio de los juegos de azar. Sin embargo, señala que el avance tecnológico y la digitalización han transformado profundamente las formas de interacción de los usuarios con los juegos.
Según el legislador, estos cambios han colocado al Estado uruguayo en una posición desventajosa frente a un mercado globalizado, dificultando su capacidad de supervisión, tributación y control efectivo.
Desafíos de un sector sin regulación
Carballo advirtió sobre los riesgos de mantener el sector desregulado. «La expansión de plataformas transnacionales, sumada al uso de criptomonedas y redes privadas virtuales (VPN), ha reducido la posibilidad de ejercer autoridad efectiva sobre un sector que, de quedar desregulado, puede generar daños significativos en términos económicos, sanitarios y sociales», afirmó el senador en su presentación.
El proyecto representa un intento de equilibrar la protección de los usuarios, la recaudación fiscal y la adaptación a las nuevas realidades tecnológicas en un sector que ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años.
