El próximo 18 de octubre se concretaría uno de los hitos más relevantes, y hasta el momento, conflictivo, para la industria de casinos en Chile: la entrega de ofertas para operar 12 plazas de juego. El modelo de concurso ha envuelto a los actores y a su regulador en fuertes disputas judiciales.
Este concurso había partido el año pasado, pero se detuvo por la pandemia. En mayo se reinició y en tres meses más las firmas deberán presentar sus ofertas técnicas y económicas en Hotel Gran Palace de Santiago para disputarse las plazas.
Las diferencias entre los operadores y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) radican en el artículo tercero de ley de casinos, que establece que “los permisos de operación otorgados con anterioridad a la modificación de la presente ley se regirán por las normas vigentes al tiempo de su otorgamiento, salvo que las normas posteriores impliquen mejores condiciones para su operación”.
Según la lectura de algunas empresas, les correspondería un proceso licitatorio de concurso de belleza (beauty contest), que consiste en la presentación de un proyecto y en la evaluación de los atributos de este. Sin embargo, diez años después, se realizó una modificación que cambió el panorama y que trata en que la adjudicación de las plazas debe ser en base a una oferta económica.
