El gobierno de Filipinas creó un grupo de trabajo para supervisar el cierre de 41 operaciones de juego extraterritorial con licencia o POGOs, como parte de la decisión anunciada en julio por el presidente Ferdinand Marcos Jr.
La decisión de cerrar los POGOs se debe a las crecientes acusaciones de crímenes relacionados con la industria, incluyendo secuestros, estafas en línea, lavado de dinero, tráfico humano y tortura de trabajadores.
Durante su apogeo en 2019, los POGOs generaban beneficios económicos anuales colectivos de ₱166.49 mil millones, de los cuales ₱7 mil millones provenían de las tarifas de licencia para la Corporación Filipina de Diversiones y Juegos (PAGCOR). Sin embargo, los costos económicos totales se estimaron en ₱265.74 mil millones, lo que resultó en un déficit neto de más de ₱99.52 mil millones por año.
El grupo de trabajo incluye a PAGCOR, la Comisión Presidencial contra el Crimen Organizado y la Oficina de Inmigración. El Departamento de Trabajo y Empleo ayudará a unos 20.000 trabajadores filipinos de POGOs a encontrar nuevas ocupaciones, mientras que los trabajadores extranjeros deberán regresar a sus países de origen.
Las redadas en las operaciones de POGO en las provincias de Pampanga y Tarlac revelaron evidencia de estafas en línea y de otros delitos. Incluso, el Departamento de Justicia está investigando rumores sobre una fosa común en el sitio de Pampanga.
Los 41 POGOs han expresado su intención de cesar completamente sus operaciones. El grupo de trabajo establecerá directrices claras y organizadas para la prohibición total de las operaciones de POGO en todo el país para fin de año.
A partir del 16 de octubre, todas las visas de trabajadores extranjeros se degradarán a visas de turista, y deberán abandonar Filipinas en un plazo de 60 días.
