Sudáfrica avanza en su plan para frenar el juego en línea sin licencia, aunque el proceso todavía deja preguntas abiertas sobre su implementación concreta. La magnitud del problema que busca atacar ayuda a entender la urgencia del organismo regulador: un estudio de Yield Sec, encargado por la Asociación Sudafricana de Casas de Apuestas (SABA), estima que el 62% de la actividad de apuestas en línea del país corresponde a operadores no autorizados, y que más de 3.100 millones de dólares en ingresos brutos por apuestas se derivan cada año hacia plataformas extranjeras.
Sobre ese diagnóstico trabaja la Junta Nacional del Juego (NGB, por sus siglas en inglés), que busca contratar a un proveedor capaz de identificar, bloquear, monitorear y reportar los sitios web de apuestas ilegales que operan de cara al público sudafricano.
La NGB posterga la fecha límite de la convocatoria
El proceso tiene un nuevo cronograma. La manifestación de interés publicada por la NGB el 30 de junio fue modificada el 17 de julio para correr su fecha límite original, fijada para el 7 de agosto, hasta el 4 de septiembre de 2026. El cambio se produjo después de una sesión informativa que el organismo mantuvo con los posibles licitadores el 15 de julio, instancia en la que la NGB compartió detalles adicionales sobre el alcance del servicio que busca contratar.
Se trata todavía de una etapa preliminar del proceso. La convocatoria no obliga a la junta a adjudicar un contrato: su objetivo es reunir propuestas de proveedores interesados en participar de una futura licitación formal, para la cual las respuestas recibidas ayudarán a definir las especificaciones técnicas. Por el momento, a los interesados solo se les exige presentar un perfil institucional, certificados de solvencia fiscal en caso de no ser proveedores internacionales y las licencias o certificaciones que correspondan.
Cómo funcionaría el sistema de bloqueo propuesto
Según el documento de la convocatoria, el proveedor seleccionado debería elaborar perfiles de los sitios de apuestas ilegales dirigidos al mercado sudafricano, incluyendo su país de origen, el estado de su licencia y su estructura de propiedad. A partir de esa información, tendría que bloquear los sitios identificados y reportarlos a la federación nacional para que esta los derive a las autoridades correspondientes.
El esquema también contempla un seguimiento posterior: si un sitio bloqueado reaparece bajo otra dirección o con contenido modificado, el proveedor debería detectarlo y asegurar que vuelva a bloquearse. La propuesta apunta a establecer una capacidad de vigilancia y bloqueo continuo frente a la reaparición de plataformas ilegales, además de trasladar la información obtenida a las autoridades para que puedan actuar contra los operadores.
El respaldo legal y un vacío regulatorio de larga data
La NGB sustenta esta iniciativa en la Ley Nacional de Juegos de Azar, que le otorga la responsabilidad de asistir a las autoridades provinciales de licencias en la detección de operaciones no autorizadas. El organismo sostiene que desarrollar capacidad propia de bloqueo contribuirá a contener la actividad ilegal en el país.
El trasfondo regulatorio, sin embargo, es más complejo. Los juegos de azar interactivos continúan siendo ilegales en Sudáfrica: la Ley Nacional de Enmienda del Juego de 2008 buscaba crear un régimen de licencias específico para este segmento, pero nunca entró en vigor. En junio, el director ejecutivo interino de la NGB, Lungile Dukwana, admitió ante la Comisión Parlamentaria de Comercio, Industria y Competencia que el país todavía no cuenta con una política nacional definida para el juego interactivo y que el organismo mantiene conversaciones con el Consejo Nacional de Política de Juegos de Azar sobre este vacío normativo.
Qué sigue en el proceso
Con la fecha límite ahora fijada en el 4 de septiembre de 2026, la NGB señaló que compartirá más información sobre los próximos pasos una vez cerrada esta etapa de manifestaciones de interés. El organismo evitó adelantar detalles adicionales mientras el proceso permanece abierto, con el argumento de evitar un acceso desigual a la información entre los distintos licitadores.
