El Gobierno dominicano ha presentado un anteproyecto de ley que plantea una reorganización integral del sector. Con esta propuesta, se busca centralizar la gestión de casinos, bancas deportivas y apuestas en línea bajo una nueva Dirección General de Juegos de Azar (DGJA). Aunque el planteamiento fiscal resulta ambicioso, varios expertos advierten que aún faltan medidas clave para la protección del consumidor y el fortalecimiento institucional del sector.
Centralización del control y enfoque tributario
Uno de los pilares del anteproyecto es la creación de la Dirección General de Juegos de Azar, que dependerá del Ministerio de Hacienda. Esta entidad tendrá a su cargo la fiscalización, autorización y supervisión de las actividades relacionadas con juegos y apuestas en todo el país, tanto presenciales como digitales.
En cuanto al sistema tributario, se proponen tarifas diferenciadas según la modalidad de operación:
- Bancas deportivas: un pago inicial equivalente a 14,000 dólares, una tarifa anual de aproximadamente 6,600 dólares y un 1% adicional sobre las ventas brutas.
- Apuestas en línea: la opción entre pagar el 10% sobre los ingresos brutos o una tarifa fija mensual de unos 84,000 dólares.
- Casinos físicos: se aplicarán tasas por tipo de juego, que van desde 240 dólares por tragamonedas hasta 1,500 dólares por mesa de juego.
Además, el proyecto contempla sanciones por operar sin licencia, con multas económicas, decomisos, cierre de locales y hasta sanciones penales de hasta diez años en casos de lavado de activos.
Un marco legal sin enfoque en el jugador
A pesar de que la ley contempla la fiscalización y control de la operación, especialistas del sector señalan que no existen disposiciones claras orientadas a la protección del usuario. El texto menciona restricciones para menores de edad y mensajes de advertencia sobre los riesgos del juego, pero no incluye mecanismos de autoexclusión, límites de gasto o campañas de concientización sobre la ludopatía.
La abogada Yamile Gutiérrez, consultada por medios locales, cuestionó que se priorice el enfoque recaudador sin considerar herramientas efectivas para reducir la informalidad o proteger al jugador. Según explicó, sin una base técnica sólida y sin referencias al Gross Gaming Revenue (GGR), la ley podría incentivar una carga tributaria excesiva que termine afectando la formalidad y sostenibilidad del sector.
Oportunidades de mejora: salud pública, sostenibilidad y seguridad jurídica Aunque la creación de la DGJA podría representar un avance institucional, persisten desafíos en tres ejes fundamentales:
- Salud pública: no se establecen fondos ni programas concretos de prevención o atención al juego problemático.
- Sostenibilidad fiscal: no se destinan ingresos al desarrollo deportivo o a sectores vulnerables, como ocurre en otras jurisdicciones.
- Seguridad jurídica: la falta de parámetros técnicos definidos, como el uso del GGR, pone en duda la estabilidad del marco normativo.
La República Dominicana da un paso importante al proponer una regulación integral del sector de juegos y apuestas. No obstante, el enfoque centrado en la recaudación y el control administrativo debería complementarse con herramientas modernas de protección al jugador, criterios técnicos que garanticen transparencia y una visión más social del impacto de esta industria. Una legislación sostenible requerirá equilibrio entre el ingreso fiscal y la responsabilidad institucional.
