La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico (CJGPR) ha marcado un hito en la regulación del sector al anunciar sanciones que superan el medio millón de dólares contra operadores que funcionaban fuera del marco legal.
El director ejecutivo de la entidad, Juan C. Santaella Marchán, explicó que estas medidas forman parte de la aplicación del Reglamento Núm. 9647, el cual establece el marco para la expedición, supervisión y control de licencias de operación en la isla.
“Nos encontramos en un momento histórico para la industria de juegos de azar. La Comisión trabaja sin descanso para garantizar que la normativa se cumpla y que las operaciones se realicen bajo un esquema transparente y seguro”, afirmó Santaella.
Inspecciones y sanciones tras periodo de orientación
El proceso de fiscalización se puso en marcha tras una etapa de orientación que se desarrolló entre marzo y julio, cuando se brindó información a los dueños de comercios sobre los requisitos para operar dentro de la ley.
Al finalizar este periodo educativo, la Oficina de Investigación y Regulación inició un operativo de inspección que recorrió comercios en toda la isla. Como resultado, se identificaron múltiples establecimientos en incumplimiento, lo que derivó en multas que superan los 530.000 dólares.
La Comisión advirtió que continuará realizando inspecciones periódicas y que los dueños de negocios deben asegurarse de tener todas sus máquinas registradas para evitar sanciones.
Recaudación histórica por licencias
Además de las sanciones, la CJGPR reportó un notable avance en el proceso de formalización de la industria. Desde julio se han recaudado más de 7 millones de dólares por concepto de licencias, un resultado que refleja la efectividad del nuevo marco regulatorio.
El esquema establece un máximo de 25.000 permisos durante los dos primeros años, con cada licencia correspondiente a una máquina de juego. En esta primera fase se renovaron los permisos de operadores previamente autorizados, consolidando así la legalidad de las operaciones.
El peso económico de las tragamonedas en Puerto Rico
Las tragamonedas continúan siendo uno de los principales motores de ingresos del sector en la isla. Según datos oficiales, en el año fiscal 2024-2025 esta vertical generó 362 millones de dólares en ingresos, distribuidos entre casinos (179 millones) y el Gobierno de Puerto Rico (183 millones).
El crecimiento de esta modalidad de juego ha sido sostenido: en los últimos tres años se ha registrado un incremento de 52 millones de dólares en jugadas, lo que refleja el fuerte arraigo del entretenimiento con máquinas en el mercado local.
Impacto social y destino de los fondos
El marco regulatorio no solo busca controlar la operación de las máquinas de juego, sino también redirigir los recursos hacia instituciones clave de Puerto Rico.
De acuerdo con Alfredo Martínez, director del Negociado de Juegos de Azar, los fondos recaudados benefician a entidades estratégicas como el Departamento de Hacienda, la Universidad de Puerto Rico (UPR) y el Fondo de Turismo, fortaleciendo tanto la educación como el desarrollo económico y la promoción turística de la isla.
“Es importante resaltar el beneficio que aportan los juegos de azar al fortalecimiento de instituciones públicas y a la economía local”, señaló Martínez.
Una industria en transición hacia la formalidad
El proceso que lidera la Comisión de Juegos representa un cambio estructural para el sector. Con las sanciones, la recaudación en licencias y el control sobre las tragamonedas, Puerto Rico busca cerrar el paso a la informalidad y garantizar que el juego aporte beneficios sostenibles al país.
La estrategia combina tres pilares fundamentales:
- Educación y orientación a operadores antes de las sanciones.
- Fiscalización activa con operativos de inspección en toda la isla.
- Formalización del mercado mediante licencias y registros transparentes.
Perspectivas del mercado regulado en Puerto Rico
Con una recaudación de millones de dólares en licencias y un marco legal que avanza con firmeza, la expectativa es que Puerto Rico logre consolidar un sector de juegos de azar más seguro, competitivo y generador de ingresos públicos.
El desafío, sin embargo, radica en mantener el equilibrio entre el crecimiento económico y la prevención del juego ilegal, un objetivo que la Comisión de Juegos ha dejado claro en cada una de sus intervenciones.
