El proyecto de ley que plantea redistribuir la manera en que se reparten los ingresos por las licencias de las máquinas tragamonedas fue aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico. Esta nueva propuesta ha sido enviada al Ejecutivo, para su promulgación y próxima publicación.
De esta manera se modificará la Ley de Juegos de Azar (Ley 221-1948) para beneficiar a otros sectores y entidades del gobierno. Los legisladores, encargados de estas modificaciones, detallaron que la ley actual ha generado el cierre de casinos y la operación limitada de otros “y la inestabilidad de la industria turística a causa de cambios sin fundamento.
Es por ello que han reconsiderado la distribución del ingreso de las tragamonedas, para que la misma sea equitativa tanto para los operadores de casinos como para los componentes del Gobierno de Puerto Rico que se nutren de este fondo”.
CAMBIOS EN LA DISTRIBUCIÓN
El Proyecto de Ley 1119, presentado por el presidente de la Comisión de Turismo y Cooperativismo, Matos García y el legislador, Rivera Mader, determina que el 60% de los ingresos obtenidos por el cobro de licencias de las máquinas tragamonedas sean destinados al Fideicomiso de Retiro de los Policías.
Mientras que el 35% de los ingresos serán orientados a crear el nuevo Fondo para la Reingeniería Municipal, con el objetivo de buscar generar un gran impacto sobre todas las personas beneficiadas por el Programa de Asistencias Nutricional, así como el de los municipios respectivos. Y el 5% restante irá dirigido a los gastos de administración de la Comisión de Juegos de Puerto Rico.
Esta nueva propuesta legislativa, que ya ha sido aprobada, mantiene el límite de circulación de hasta 45000 máquinas tragamonedas. Pero señala que, a partir de las 35000 máquinas, la Comisión de Juegos tendrá que hacer un estudio que justifique esta cantidad de tragamonedas y, de ser necesario, deberá ser evaluado por la Legislatura nacional.

MAYORES GANANCIAS PARA OTRAS INSTITUCIONES
Por otro lado, también está el Proyecto de Ley 0043, que busca redistribuir la forma en la que se reparten los ingresos generados por la Ley de Juegos de Azar y Autorización de Máquinas Tragamonedas en los Casinos. El proyecto ha recibido la media sanción de la Cámara de Representantes, es decir, obtuvo el visto bueno de los legisladores de la Cámara Baja y ahora está a la espera de ser sometido al análisis del Senado puertorriqueño.
Este proyecto tiene como uno de sus principales cambios modificar el porcentaje que ingresa a los fondos que recibe la Universidad de Puerto Rico (UPR). Esta propuesta plantea que los primeros 315 millones de dólares, obtenidos por el sector, se distribuyan de la siguiente manera: el 34 % para el Grupo A, que son aquellos concesionarios que poseen las máquinas tragamonedas en sus salas de juego; y el 66 % al Grupo B, integrado por el Fondo Especial Estatutario, el Fondo General, el Fondo para el Desarrollo de la Industria Turística de Puerto Rico y el Fondo General de la Universidad de Puerto Rico. De ese monto total (66 %), la institución educativa recibiría el 45 %.
UN NUEVO ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN
En las posteriores recaudaciones, el proyecto indica que los ingresos obtenidos entre los 315 millones de dólares y los 495 millones de dólares se repartirán así: el 60% para el Grupo A y el 40% al Grupo B.
Sin embargo, en este caso, el porcentaje asignado a la Universidad de Puerto Rico será destinado a la Escuela de Administración de Hoteles y Restaurantes del Recinto de Carolina. Y, en el momento en el que se superen los 495 millones de dólares en las recaudaciones, el Grupo A recibirá el 80% de ese exceso y el Grupo B, que ahora sí incluye nuevamente a la Universidad de Puerto Rico, percibirá el resto del dinero. De ese monto total (20%), la universidad tendrá el 45.45%.
En un inicio, el Proyecto original proponía que el ingreso generado hasta 315 millones de dólares se dividiera en partes iguales entre los dos grupos y el exceso igualmente 50/50. Pero, los legisladores decidieron que repartir de manera proporcional las ganancias sería la mejor vía para redistribuir los ingresos. Esto con la finalidad de mejorar la economía del juego y, por ende, del país también.












































