La Junta de Protección Social (JPS) de Costa Rica enfrenta un importante obstáculo en su intento por modernizar el marco normativo que regula los juegos de azar en el país centroamericano. La Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa rechazó el Proyecto de Ley 25.057, una iniciativa que pretendía fortalecer los controles estatales sobre las actividades de apuestas y cerrar vacíos legales que han permitido la proliferación de operadores no autorizados.
El rechazo se produjo mediante votación interna tras meses de análisis del expediente que había recibido luz verde preliminar en noviembre de 2025. La decisión contrasta con las expectativas generadas cuando la misma comisión pareció aprobar inicialmente la propuesta, según informó el medio costarricense Monumental (93.5 FM).
Votación dividida en la comisión parlamentaria en Costa Rica
El resultado de la votación reflejó una división significativa entre los legisladores. Cinco diputados se pronunciaron en contra del proyecto: Gloria Navas, Priscilla Vindas, Alejandra Larios y Gilberto Campos votaron negativamente, mientras que solo tres respaldaron la iniciativa: Gilberth Jiménez, Pilar Cisneros y Horacio Alvarado.
Con este dictamen negativo de mayoría, el expediente avanzará ahora al Plenario Legislativo, donde todos los diputados tendrán la oportunidad de debatir y votar sobre el futuro de esta propuesta normativa. Esta instancia determinará si la iniciativa continúa su trámite parlamentario o si finalmente será archivada.
Argumentos de la Junta de Protección Social para impulsar la reforma
Al presentar el Proyecto de Ley 25.057, la JPS enfatizó la urgencia de actualizar un marco normativo que lleva más de cincuenta años sin modificaciones sustanciales. Según la institución, la legislación vigente data de principios de la década de 1970 y no contempla los desafíos que presenta el panorama actual de las apuestas, especialmente en el entorno digital.
La Junta argumentó que la propuesta constituye una medida necesaria para cerrar vacíos legales que actualmente facilitan la proliferación de actividades no autorizadas en el sector. La institución sostiene que la falta de actualización normativa ha permitido que operadores sin licencia aprovechen lagunas regulatorias para establecer negocios de apuestas al margen del control estatal.
Desafíos de una legislación desactualizada
El marco legal costarricense para juegos de azar ha permanecido esencialmente intacto durante más de medio siglo, período en el cual la industria del entretenimiento y las apuestas ha experimentado transformaciones radicales. La aparición de plataformas digitales, aplicaciones móviles y nuevas modalidades de juego han creado un ecosistema completamente diferente al que existía cuando se promulgó la legislación original.
Esta desactualización normativa no solo dificulta la fiscalización de operadores legítimos, sino que también complica los esfuerzos por combatir la oferta ilegal de servicios de apuestas. La JPS ha señalado en diversas ocasiones que la ausencia de herramientas legales modernas limita la capacidad del Estado para proteger a los consumidores y garantizar que las actividades de juego se desarrollen bajo estándares apropiados de transparencia y responsabilidad social.
Próximos pasos en el proceso legislativo
El dictamen negativo de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico representa un obstáculo significativo, pero no necesariamente fatal, para el Proyecto de Ley 25.057. El expediente llegará al Plenario Legislativo donde los diputados tendrán la posibilidad de revertir la recomendación de la comisión mediante votación.
Para que el proyecto continúe su trámite, será necesario que los defensores de la iniciativa logren convencer a una mayoría de legisladores sobre la importancia de modernizar el marco regulatorio de los juegos de azar. La Junta de Protección Social deberá reforzar sus argumentos técnicos y demostrar que los beneficios de actualizar la legislación superan las preocupaciones que motivaron el voto negativo en comisión.
El debate en el Plenario representará una oportunidad para examinar exhaustivamente los méritos de la propuesta y escuchar las perspectivas de diferentes sectores interesados, incluyendo operadores autorizados, organizaciones de la sociedad civil y expertos en regulación de juegos de azar.
Implicaciones para el sector de apuestas costarricense
El resultado final de este proceso legislativo tendrá consecuencias significativas para la industria del juego en Costa Rica. Si el proyecto finalmente se aprueba, el país podría contar con herramientas más efectivas para regular un sector que genera importantes recursos fiscales y empleo, pero que también requiere supervisión rigurosa para prevenir problemas asociados al juego compulsivo y operaciones fraudulentas.
Por el contrario, si la iniciativa es archivada, Costa Rica continuará operando bajo una legislación que, según sus críticos, no responde adecuadamente a las realidades contemporáneas del sector. Esta situación podría prolongar las dificultades para combatir la oferta ilegal de servicios de apuestas y limitar la capacidad del Estado para maximizar los beneficios sociales que puede generar una industria del juego bien regulada.
