Una polémica de alcance nacional sacudió esta semana al sector del juego en México, luego de que el periódico Reforma publicara acusaciones que vinculan la concesión de licencias de casinos con Hernán Bermúdez Requena, un exfuncionario de seguridad actualmente detenido y acusado de liderar una organización criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Tanto la Secretaría de Gobernación (SEGOB), organismo regulador del juego en el país, como la Asociación de Licenciatarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y los Juegos en México (AIEJA) rechazaron las afirmaciones del diario y cuestionaron la veracidad de la información publicada.
Quién es Hernán Bermúdez Requena y cuáles son los cargos en su contra
Bermúdez Requena se desempeñó como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del estado de Tabasco. Actualmente se encuentra detenido en México y enfrenta cargos penales por presuntamente liderar La Barredora, organización que opera como brazo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más poderosos del país.
En ese contexto, la portada del diario —señalado por sus críticos como un medio con sesgo político de derecha— afirmó que se habían autorizado 20 licencias de casino a Compañía Operadora Clíe, una empresa que según el periódico estaría vinculada a la familia de Bermúdez Requena. El reportaje citaba una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), organización sin fines de lucro dedicada a combatir la corrupción sistémica en México.
La versión de la SEGOB: una orden judicial, no una decisión política
La SEGOB respondió de forma inmediata a través de un comunicado oficial. El regulador aclaró que las licencias en cuestión no fueron una decisión discrecional de la autoridad, sino el resultado de un fallo emitido por la Cámara Metropolitana Regional de Justicia Administrativa a favor de Clie SA de CV.
Según el organismo, los casinos amparados por estas licencias no han comenzado a operar. Además, las autorizaciones se concedieron con restricciones explícitas: no cubren máquinas tragamonedas, juegos de dados, cartas ni ruleta, lo que habría reducido el interés de la empresa en activar los permisos.
La SEGOB también precisó que, contrariamente a lo publicado por Reforma, las 20 licencias no fueron asignadas en bloque a Clie SA de CV, sino que se gestionaron a través de permisos distribuidos entre entidades independientes. Asimismo, informó que los casinos Centenario y Diamante, junto con el sitio web CrownCityBets, tienen sus licencias suspendidas desde la emisión de la orden judicial.
La ex titular de la SEGOB sale a defenderse públicamente
Luisa María Alcalde, quien estuvo al frente de la SEGOB entre 2023 y 2024, también salió a refutar las acusaciones en un video publicado en la plataforma X. Alcalde explicó que la empresa vinculada a la familia de Bermúdez Requena había recibido su única licencia en 2017, durante la administración de Enrique Peña Nieto, y que desde 2018 venía litigando contra la SEGOB para obtener 20 permisos adicionales que el organismo había denegado.
Cuando Alcalde asumió la dirección de la SEGOB, el proceso judicial ya estaba en curso. Al producirse el fallo, la secretaría acató la resolución y emitió las licencias dentro de los márgenes que establecía la sentencia.
La industria respalda la versión del regulador
La AIEJA también se pronunció sobre el caso, expresando su apoyo a la postura del regulador y a las aclaraciones de Alcalde. En un comunicado, la asociación insinuó que Reforma había tergiversado los hechos y llamó a un debate público más responsable sobre los temas del sector.
«La AIEJA considera esencial que la información relacionada con permisos, autorizaciones, establecimientos y operaciones en el sector sea tratada con objetividad, veracidad y estricta adhesión a los hechos documentados», señaló el organismo, agregando que su posición busca «preservar la seguridad jurídica de un sector formalmente regulado y sujeto a supervisión continua».
Un caso que pone a prueba la regulación del juego en México
El episodio pone de relieve las tensiones que existen en México entre la regulación del juego, la transparencia informativa y la capacidad del Estado para separar los procesos judiciales de los intereses políticos y mediáticos. Mientras las autoridades insisten en que actuaron dentro del marco legal, el caso de Bermúdez Requena sigue abierto y el debate sobre la integridad del sector continúa.
