Miembros del Parlamento del Reino Unido se reunieron en Westminster para debatir el alcance y el impacto de la publicidad de juegos de azar en el país. La sesión concluyó con un consenso multipartidista sobre la urgencia de adoptar medidas más contundentes para proteger a los menores y hacer frente al creciente mercado de operadores sin licencia.
El debate se originó a partir de un informe publicado esta semana por el Grupo Parlamentario Multipartidista (APPG) sobre la reforma del juego, elaborado en conjunto con la organización Peers for Gambling Reform. El documento criticó las protecciones vigentes por considerarlas insuficientes y recomendó una serie de cambios regulatorios de gran alcance.
Un sector que gasta más de $2,500 millones al año en publicidad
Los diputados laboristas Alex Ballinger (Halesowen) y la Dra. Beccy Cooper (Worthing West), impulsores del debate, pusieron el foco en la escala del problema. Ballinger citó datos previos que indican que las empresas de apuestas gastan aproximadamente $2,500 millones de dólares al año en estrategias de marketing orientadas a «fomentar la participación, normalizar el juego y desarrollar futuras generaciones de apostadores».
Las cifras de la Comisión del Juego del Reino Unido refuerzan esta preocupación: el 79% de los niños ha visto publicidad de apuestas, el 64% en televisión y el 74% en internet. Para los legisladores laboristas, estos datos convierten la publicidad del sector en un asunto de salud pública, no solo de regulación comercial.
Comparaciones con el tabaco y el alcohol
La Dra. Cooper, especialista en salud pública, estableció un paralelo directo entre la publicidad actual de apuestas y la que existía para el tabaco décadas atrás. «El Parlamento ya adoptó un enfoque de precaución con el tabaco, el alcohol y la publicidad de comida chatarra cuando las evidencias de daño eran claras. La publicidad de apuestas cumple con ese mismo criterio, dados sus vínculos demostrados con una mayor participación y perjuicios reales», argumentó.
La legisladora también propuso transferir la responsabilidad de la política sobre juegos de azar a los departamentos de salud, calificando las apuestas como «un producto adictivo», lo que, según dijo, es «un hecho irrefutable en materia de salud».
Las medidas concretas que propone el informe del APPG
El informe del Grupo Parlamentario Multipartidista recomienda un conjunto de intervenciones específicas:
- Prohibición de anuncios de juegos de azar antes de las 9 de la noche.
- Fin de la mayoría de los acuerdos de patrocinio deportivo vinculados a operadores de apuestas.
- Regulación más estricta del marketing de contenidos y de influencers.
- Controles legalmente vinculantes sobre publicidad y patrocinio, no solo compromisos voluntarios.
Estas propuestas superan el alcance de las medidas que la industria ha adoptado de forma voluntaria, como la prohibición anunciada por la Premier League de patrocinadores de apuestas en la parte frontal de las camisetas a partir de la temporada 2026-27.
El Gobierno responde: análisis, financiación y próximos pasos
El ministro Greenwood confirmó que el Gobierno está analizando las recomendaciones del APPG y destacó una serie de iniciativas en marcha: la creación de un grupo de trabajo intergubernamental para combatir el juego ilegal y una inyección de $33 millones de dólares en financiación adicional para la Comisión del Juego destinada a tareas de aplicación de la ley durante los próximos tres años.
En febrero también se anunció una consulta sobre la prohibición del patrocinio deportivo por parte de operadores sin licencia. Los ministros, sin embargo, subrayaron que cualquier medida debe ser proporcional y basada en evidencia, evitando empujar a los consumidores hacia plataformas ilegales.
La sesión concluyó con la aprobación de una moción no vinculante que reconoce la necesidad de que el Parlamento examine en profundidad la publicidad de juegos de azar. Las medidas contra los operadores ilegales y la financiación para la investigación a través del Impuesto Obligatorio al sector se mantienen como prioridades del Ejecutivo.
