El Gobierno de Canarias avanza en la construcción de un modelo regulatorio más exigente para el sector del juego. La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, defendió ante la Comisión Parlamentaria un nuevo decreto que busca ordenar la dispersión normativa existente a través de un instrumento de planificación único, con medidas que van desde la ampliación de las zonas de protección alrededor de centros educativos hasta la reducción drástica de las autorizaciones para locales de apuestas externas.
La consejera destacó que el proyecto cuenta con el visto bueno de la Comisión del Juego y Apuestas de Canarias y que se asienta sobre los principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad. «Si de algo nos sentimos especialmente satisfechos en este gobierno, es del refuerzo en la protección a los colectivos vulnerables», señaló Lady Barreto durante su intervención parlamentaria.
Zonas de exclusión ampliadas: 300 metros alrededor de todos los centros educativos
Uno de los pilares del nuevo marco es el blindaje de las zonas de influencia educativa. A través del decreto Ley 7/2024, con efectos retroactivos al 1 de enero de 2024 —fecha que coincide con el fin de la moratoria vigente hasta el 31 de diciembre de 2023—, queda prohibida la ubicación de casinos, bingos, salones de juego y locales de apuestas a menos de 300 metros de cualquier centro educativo y de los centros de atención a menores registrados en la comunidad autónoma.
La medida extiende una protección que antes se limitaba a los centros de educación secundaria y bachillerato, incorporando ahora también a los Centros de Infantil y Primaria.
Nuevos controles de acceso y modificaciones al registro de prohibidos
El decreto introduce obligaciones operativas concretas para los establecimientos de juego. Los salones recreativos y de juegos deberán contar con un sistema de control de acceso que verifique la edad de los usuarios y no solo su admisión general. Asimismo, los servicios de bar o cafetería instalados en estos locales tendrán la obligación de impedir la entrada o el tránsito de menores de edad por las zonas dedicadas al juego.
En materia de juego responsable, se modifica el funcionamiento del Registro de Prohibidos de Acceso al Juego, estableciendo un plazo mínimo de permanencia de seis meses. La medida busca evitar que una persona pueda inscribirse y darse de baja al día siguiente, garantizando así una protección sostenida en el tiempo para quienes solicitan esta herramienta de autoexclusión.
Límites estrictos en licencias: menos casinos, bingos, salones y locales de apuestas
El nuevo marco regula de forma detallada la planificación de la oferta de juego en el archipiélago. En lo que respecta a los casinos, se mantiene el número máximo de establecimientos en 12 a nivel autonómico. Para las salas de bingo, se fija un techo de 45 locales. Ambos tipos de establecimiento solo podrán habilitarse mediante concurso administrativo convocado por la administración.
En el ámbito de las máquinas recreativas, el decreto introduce una distinción relevante: las máquinas de tipo A quedan excluidas de la planificación, en línea con la normativa europea, al no ofrecer contraprestación monetaria ni beneficio económico directo para el usuario. Las máquinas de tipo B, ubicadas habitualmente en establecimientos de hostelería, experimentan una reducción significativa: pasan de las 14.812 unidades actuales a un máximo de 7.200.
Los salones de juego tendrán límites estrictos fijados por isla, con un crecimiento máximo de cuatro nuevos locales al año durante la vigencia del plan, aunque el número total autorizado se incrementa en 26 unidades a nivel autonómico.
Canarias, en sintonía con la tendencia regulatoria europea
El nuevo marco jurídico canario no surge en el vacío, sino que se inscribe en una tendencia cada vez más consolidada en Europa: la de reforzar los controles sobre la oferta de juego presencial y digital. La combinación de límites estrictos en licencias, distancias obligatorias y controles de acceso más robustos dibuja un escenario en el que la actividad queda más acotada y supervisada, lo que los reguladores presentan como una condición necesaria para reducir el impacto social del sector.
Este tipo de medidas refleja un cambio de paradigma que el sector no puede ignorar. Las restricciones generan tensiones con los operadores, en particular por la reducción de autorizaciones y el freno a la expansión, pero también evidencian una presión social y política creciente para establecer marcos más responsables. La experiencia de otros países que han endurecido sus regulaciones en los últimos años sugiere que un entorno excesivamente restrictivo puede empujar parte de la demanda hacia canales no regulados, por lo que el desafío a largo plazo estará en encontrar un equilibrio entre regulación efectiva y viabilidad económica del sector.
Para los operadores presentes en Canarias, el mensaje es claro: la adaptación a normativas más exigentes ya no es una opción, sino una condición necesaria para mantener su actividad en mercados cada vez más sensibles al impacto social del juego.
