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Buenos Aires refuerza la prevención  del juego problemático en el arranque del Mundial 2026

Buenos Aires

La cartera sanitaria advierte que cuando el juego genera ansiedad, aislamiento o conflictos cotidianos, se trata de una señal que no debe ignorarse. Según las autoridades provinciales, las apuestas en línea desconectan a las personas de sus vínculos sociales y familiares, alejándolas de la experiencia colectiva del fútbol.

Cuándo el juego en línea se convierte en un problema de salud

El juego problemático es una afección de salud mental que se ha multiplicado en los últimos años con la irrupción de plataformas de apuestas online, casinos virtuales y mesas de póker en la web, accesibles desde el celular en cualquier momento del día y con escasas barreras de acceso.

La campaña bonaerense identifica una serie de señales de alerta que pueden indicar que una persona ha cruzado el límite del esparcimiento:

  • Ansiedad, irritabilidad o aislamiento social.
  • Pérdida de interés en actividades que antes resultaban placenteras.
  • Preocupación constante por el juego
  • Negación, mentiras o minimización del tiempo dedicado a apostar.
  • Conducta de juego recurrente sin posibilidad de autocontrol

El plan para menores de edad bajo la lupa legislativa en Buenos Aires

En paralelo a la campaña de comunicación, la gestión provincial enfrenta una demanda de transparencia desde la Legislatura bonaerense. El diputado Valentín Miranda presentó un pedido de informes para que el gobierno de Axel Kicillof detalle el estado de ejecución del Plan Integral para abordar el juego problemático en adolescentes, lanzado en julio de 2024 con el objetivo de prevenir, asistir y erradicar el juego online en menores de edad.

La iniciativa del legislador busca determinar si el plan sigue vigente, qué organismos están a cargo de su implementación y con qué frecuencia se reúnen los funcionarios responsables. Según lo anunciado en su momento, el programa involucraría a siete ministerios y organismos provinciales articulados en una mesa de trabajo conjunta, con el objetivo de coordinar respuestas sanitarias, educativas y de control ante el avance de las apuestas online entre menores.

Miranda advirtió, sin embargo, que el consenso político sobre la necesidad de actuar no se ha traducido en resultados concretos y verificables. El legislador reclamó datos específicos sobre investigaciones en curso, relevamientos realizados y políticas públicas activas, así como información sobre los materiales de sensibilización distribuidos en el sistema educativo y los mecanismos de capacitación docente implementados por la Dirección General de Cultura y Educación.

La ausencia de estadísticas, un obstáculo para las políticas públicas

Uno de los puntos centrales del pedido de informes es la falta de estadísticas oficiales sobre la participación de menores en plataformas de apuestas online. Miranda señaló que este vacío de información dificulta el diseño de políticas públicas efectivas y que, sin datos concretos sobre la magnitud del problema, cualquier respuesta institucional corre el riesgo de ser insuficiente o mal orientada.

El legislador también preguntó por los programas de asistencia disponibles para jóvenes con juego problemático, la cantidad de personas atendidas en los últimos meses y el rol asignado a las familias en los protocolos de acompañamiento.

Apuestas online y un evento de alcance global

La decisión de lanzar la campaña en el arranque del Mundial de Fútbol 2026 no es casual. Los grandes torneos deportivos internacionales históricamente generan un incremento sostenido en los volúmenes de apuestas, tanto en mercados regulados como en plataformas que operan fuera de los marcos legales vigentes. En Argentina, donde el mercado de juego online ha crecido de manera acelerada en los últimos años, la coincidencia entre el torneo y el verano del hemisferio norte amplifica los riesgos para los sectores más vulnerables, en particular los jóvenes y adolescentes.

La campaña del Ministerio de Salud bonaerense se inscribe en ese contexto, aunque su alcance real y su capacidad para traducirse en cambios de conducta dependen, en buena medida, de que las estructuras institucionales que la deben respaldar estén efectivamente en funcionamiento. Esa es, precisamente, la pregunta que el legislador Miranda sigue sin obtener respuesta.

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