El Ministerio de Hacienda de Brasil dio un paso significativo en la persecución del mercado ilegal de apuestas al publicar en el Diario Oficial de la Unión (DOU) la Resolución MF N.º 1.766/2026. La norma no apunta únicamente a los operadores que actúan sin licencia, sino que amplía las obligaciones hacia las entidades financieras, empresas de pago y actores publicitarios que faciliten o promuevan actividades no autorizadas.
El enfoque marca una evolución en la estrategia regulatoria brasileña. En lugar de perseguir exclusivamente a quienes explotan las plataformas ilegales —muchas veces radicadas en jurisdicciones extranjeras y difíciles de alcanzar judicialmente—, el Estado apunta ahora al ecosistema que les da viabilidad operativa dentro del territorio nacional.
Responsabilidad solidaria para intermediarios financieros y publicitarios
El texto de la resolución establece que las instituciones financieras y de pago que faciliten transacciones para operadores no autorizados, así como las personas físicas o jurídicas que promuevan su publicidad, responderán solidariamente por los impuestos aplicables tanto a la explotación de la actividad como al cobro de los premios netos generados.
La medida tiene un alcance práctico inmediato. La Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) y la Secretaría Especial de la Receita Federal de Brasil (RFB), ambas bajo la órbita del Ministerio de Hacienda, dispondrán de mecanismos para notificar a los involucrados y exigir una respuesta concreta en un plazo muy reducido.
Un plazo de 24 horas para bloquear transacciones
La resolución contempla que los entes notificados —bancos, procesadores de pago o agencias publicitarias— dispondrán de 24 horas para adoptar medidas restrictivas que impidan la realización de nuevas transacciones destinadas a posibilitar, directa o indirectamente, la explotación irregular de apuestas en Brasil.
El objetivo es interrumpir con rapidez los flujos financieros asociados a operadores sin licencia y reducir su capacidad de captar usuarios mientras avanzan las acciones administrativas correspondientes.
La norma aclara que la responsabilidad tributaria derivada de esta disposición será formalizada mediante un procedimiento administrativo fiscal, garantizando a los involucrados el derecho a presentar descargos y ejercer una defensa amplia.
La ANJL celebra la norma, pero advierte que el combate debe ser continuo
Para Plínio Lemos Jorge, presidente de la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL), la Resolución MF N.º 1.766/2026 representa un avance concreto en materia de seguridad del mercado, aunque encuadra la medida dentro de una lucha que no admite puntos de llegada definitivos.
«El combate al mercado ilegal de apuestas es un desafío permanente. La industria clandestina opera con un alto grado de sofisticación tecnológica y se adapta con gran rapidez, lo que impide cualquier evaluación definitiva sobre la suficiencia de las medidas adoptadas. Lo que funciona hoy puede dejar de ser eficaz mañana. Por eso, esta lucha debe ser continua, coordinada y dinámica», declaró el ejecutivo.
Desde su perspectiva, la norma erosiona las ventajas competitivas de los operadores no autorizados al responsabilizar a quienes los sostienen desde adentro del sistema formal.
Una estrategia que apunta al entorno, no solo al operador
La resolución se inscribe en una tendencia regulatoria más amplia que Brasil ha venido consolidando desde la entrada en vigor de su marco legal de apuestas deportivas. Ante la imposibilidad práctica de eliminar de raíz la oferta ilegal —cuya infraestructura tecnológica permite adaptarse con rapidez a cualquier bloqueo puntual—, las autoridades han optado por reducir su viabilidad económica atacando sus fuentes de financiamiento y visibilidad.
Extender la responsabilidad tributaria a intermediarios financieros y agencias publicitarias aumenta el costo de operar en la zona gris del mercado. Si procesar pagos para una plataforma sin licencia expone a una institución financiera a una deuda tributaria solidaria, el incentivo para mantener esas relaciones comerciales se reduce considerablemente. El mismo razonamiento aplica para los medios y agencias que contraten publicidad con operadores ilegales.
La efectividad de la medida dependerá, en última instancia, de la capacidad de la SPA y la Receita Federal para identificar los vínculos entre los operadores ilegales y sus proveedores de servicios dentro del sistema financiero formal, y de la velocidad con que actúen ante cada notificación.
