Antes de hablar de sanciones o de plazos legales, la diputada brasileña Caroline De Toni puso sobre la mesa un argumento económico: según sus cálculos, durante 2025 los hogares de Brasil destinaron a las apuestas de cuotas fijas una cifra equivalente a cerca del 0,68% del ingreso nacional bruto disponible de las familias, un monto que ella describe como suficiente para alterar decisiones de consumo, ahorro y endeudamiento en el país.
Esa lectura económica es la base sobre la que la legisladora construyó el Proyecto de Ley N° 5.153/2026, presentado ante la Cámara de Diputados, con el que busca eliminar por completo la explotación, promoción y financiamiento de las apuestas de cuotas fijas en territorio brasileño.
El peso del dinero que sale de los hogares
De Toni citó al Boletín Fiscal de los Estados Brasileños para sostener que, entre octubre de 2024 y marzo de 2026, el sector de apuestas absorbió en promedio 4.700 millones de reales mensuales de los hogares del país, una cifra que equivale a unos US$904 millones al tipo de cambio actual.
El dato que más pesó en su argumentación, sin embargo, fue el acumulado de 2025: 62.500 millones de reales en salida neta de recursos familiares hacia las casas de apuestas, alrededor de US$12.019 millones. Para la diputada, esa cifra confirma que el mercado regulado ya opera a una escala capaz de incidir en la economía doméstica del país, más allá del entretenimiento que ofrece.
De la cifra a la ley: qué actividad busca eliminarse
Con ese respaldo, el proyecto define con precisión su objetivo: las apuestas de cuotas fijas, es decir, aquellas en las que el monto a cobrar por un acierto se fija desde el momento en que se hace la apuesta, mediante un multiplicador previamente establecido. La prohibición cubriría eventos deportivos, eventos virtuales y cualquier otra competencia sobre la que hoy operan las plataformas autorizadas.
Quedan al margen las loterías estatales que no encajen en esa definición y los deportes de fantasía, siempre que cumplan condiciones puntuales —equipos de al menos dos personas reales y premios fijos independientes del número de participantes—, un filtro pensado para que esta última modalidad no se use como fachada de las apuestas de cuotas fijas.
Cómo se aplicaría la prohibición en la práctica
El proyecto no se limita a prohibir la actividad: habilita al Estado a bloquear sitios web a través de los proveedores de internet, exigir la baja de aplicaciones en las tiendas digitales, ordenar el retiro de anuncios en plataformas y suspender cuentas o transacciones en entidades financieras y en proveedores de servicios de activos virtuales. También quedarían vetados los bonos, promociones y programas de fidelización, así como la actividad remunerada de afiliados e influenciadores que promuevan casas de apuestas.
El texto hace una salvedad para el periodismo, la academia y el contenido educativo, que no se consideran promoción de apuestas mientras no exista de por medio una relación comercial o un patrocinio. Ni la Unión, ni los estados, ni el Distrito Federal ni los municipios podrían, además, otorgar o autorizar este tipo de operación bajo el nuevo marco.
Multas de hasta US$385 millones y prisión para quienes incumplan
Las sanciones administrativas para empresas irían desde una advertencia hasta multas de entre el 0,1% y el 20% de los ingresos brutos del ejercicio anterior, con un tope de 2.000 millones de reales (unos US$385 millones) por infracción. Para personas naturales, el rango iría de 50.000 reales (cerca de US$9.600) a 2.000 millones de reales (unos US$385 millones).
En el terreno penal, mantener, financiar u organizar apuestas de cuotas fijas después del período de transición se convertiría en delito, con condenas de entre dos y cinco años de prisión más multa, que podrían aumentar hasta en dos tercios si la actividad está vinculada a organización criminal.
Un cierre ordenado en 180 días
El esquema de salida contempla la cancelación de las licencias federales vigentes a los 180 días de aprobada la norma, sin importar el plazo original de cada autorización. A partir de ese momento, los operadores no podrían aceptar nuevas apuestas ni depósitos, pero tendrían 90 días adicionales para pagar premios pendientes y devolver saldos a los usuarios. Durante esa etapa, los sitios solo podrían usarse para consultas, retiros y liquidación de apuestas ya realizadas.
