La Asamblea Legislativa de Rio Grande do Sul (ALRS) tiene ante sí el proyecto de ley 351/2026, presentado por el diputado estatal Delegado Zucco, que propone un mecanismo poco habitual para limitar la publicidad de apuestas: en lugar de prohibir directamente los anuncios, la iniciativa busca cortar el flujo de fondos públicos hacia cualquier medio o plataforma que los difunda.
La medida alcanzaría a toda la administración pública directa e indirecta del estado, incluyendo organismos autónomos, fundaciones, empresas públicas y empresas de economía mixta bajo control estatal. Estas entidades quedarían impedidas de destinar recursos a medios impresos, radios, canales de televisión, portales, redes sociales, proveedores de aplicaciones y cualquier otro soporte digital que difunda publicidad, patrocinios o contenido pagado vinculado a apuestas en línea. La definición del proyecto es amplia: incluye apuestas deportivas en eventos reales o virtuales, juegos online y otras modalidades de lotería, sin distinguir si el operador cuenta o no con autorización del Gobierno Federal.
Rio Grande: Un alcance que va más allá de la publicidad tradicional
El texto no se limita a los contratos publicitarios convencionales. La prohibición también abarcaría patrocinios culturales, deportivos y sociales, subsidios, transferencias voluntarias, contratos de servicios, convenios y compras de espacios en medios. Es decir, cualquier vínculo financiero entre el Estado y una plataforma que promueva apuestas quedaría bajo revisión.
De aprobarse la iniciativa, las agencias estatales tendrían un plazo de 90 días para adecuar los contratos vigentes a la nueva normativa, con la posibilidad de rescindirlos o directamente no renovarlos si contravienen la prohibición. El proyecto contempla, además, consecuencias concretas para los incumplimientos: nulidad de los actos administrativos involucrados, reembolso de los montos transferidos y multas administrativas para los medios y plataformas contratados. La iniciativa remite también a las sanciones previstas en la Ley de Improbidad Administrativa para reforzar su carácter punitivo.
Endeudamiento familiar y salud pública, los ejes de la justificación
En los fundamentos presentados ante la ALRS, Zucco sostiene que la medida busca reducir el impacto que atribuye a la expansión de las apuestas de cuotas fijas sobre los ingresos familiares y la salud pública. Para sustentar su argumento, el diputado recurre a una serie de estudios y estadísticas.
Entre las cifras citadas figuran estimaciones del Banco Central según las cuales los brasileños habrían destinado entre 20.000 y 30.000 millones de reales mensuales a las apuestas online durante el primer trimestre de 2025. También menciona un estudio del Instituto Brasileño de Ejecutivos Minoristas (Ibevar) junto con la FIA Business School, además de una investigación de la Confederación Nacional de Líderes Minoristas (CNDL) y SPC Brasil, que estimó en 39,5 millones la cantidad de brasileños que apostaron en los 12 meses previos al relevamiento, de los cuales un 19% declaró haber destinado parte de sus ingresos al juego.
La preocupación por los jóvenes y el respaldo de fuentes oficiales
El diputado dedica un apartado específico a la participación de menores en los juegos de azar y sus posibles efectos sobre la salud mental, un punto que sustenta con datos del Instituto Alana sobre juegos de azar en niños y adolescentes, así como con una encuesta de Procon-SP sobre endeudamiento y exposición a ofertas de casas de apuestas. También cita estudios sobre ludopatía e información presentada por el Ministerio de Salud durante una audiencia pública realizada en el Senado Federal en julio de 2026.
Un argumento adicional que Zucco incorpora a su justificación es de tipo normativo: sostiene que existiría una contradicción entre las restricciones publicitarias que ya impone la normativa federal sobre juegos de azar y la posibilidad de que el propio Estado continúe destinando fondos públicos a empresas que promueven ese mismo sector.
Una propuesta que redefine el rol financiero del Estado frente al sector
En sus conclusiones, el diputado enmarca la iniciativa como una política de gestión de recursos públicos, más que como una restricción publicitaria en sentido estricto. Su objetivo declarado es evitar que el Estado financie, aunque sea de forma indirecta, la promoción de actividades que considera perjudiciales para la economía familiar y la salud mental de la población.
De avanzar en la ALRS, el proyecto de ley 351/2026 se sumaría a un conjunto creciente de iniciativas estatales y federales en Brasil que buscan limitar distintos aspectos de la publicidad de apuestas, esta vez desde un ángulo menos explorado hasta ahora: el uso del gasto público como palanca regulatoria indirecta sobre los medios de comunicación y las plataformas digitales.
