La Abogacía General de la Unión (AGU) de Brasil solicitó al Supremo Tribunal Federal (STF) la suspensión inmediata de la Ley Estadual N° 16.508/2026 del estado de Rio Grande do Sul, que impone restricciones a la publicidad de plataformas de apuestas deportivas de cuotas fijas. El pedido fue presentado el martes 9 de junio en el marco de la Acción Directa de Inconstitucionalidad N° 7971, interpuesta originalmente por la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL).
La ley estatal entraría en vigor en su totalidad el 25 de agosto de 2026. La AGU busca que el STF la deje sin efecto hasta que exista una sentencia definitiva sobre su constitucionalidad.
Qué establece la ley cuestionada
La norma gaúcha exige que los anuncios de plataformas de apuestas incluyan advertencias obligatorias sobre los riesgos del juego, con un espacio mínimo del 15% de la pieza publicitaria y un audio equivalente al mensaje principal. También obliga a divulgar información sobre dependencia y canales de apoyo psicológico.
El texto prohíbe contenidos dirigidos a menores de 18 años, incluyendo el uso de personajes, animaciones o elementos con atractivo infantil o juvenil. La publicidad audiovisual queda restringida al horario de 21:00 a 6:00 en televisión, radio y plataformas digitales.
Los cuatro argumentos de la AGU para declarar la inconstitucionalidad
La AGU estructuró su pedido en cuatro líneas argumentales, todas basadas en competencias que la Constitución Federal reserva exclusivamente al gobierno central.
El primero apunta a la publicidad comercial. La AGU sostiene que el artículo 22, inciso XXIX, de la Constitución Federal atribuye a la Unión la competencia exclusiva para legislar sobre publicidad, y que la ley gaúcha no complementa la normativa nacional sino que la contradice.
El segundo argumento se apoya en la naturaleza jurídica de las apuestas de cuotas fijas. El tercer argumento remite a las telecomunicaciones y la radiodifusión. El cuarto argumento se refiere al derecho civil y mercantil.
El riesgo de fortalecer el mercado ilegal
Uno de los argumentos de mayor peso práctico que esgrimió la AGU es el efecto paradójico que podría producir la ley. El organismo advirtió que restringir la publicidad de los operadores con licencia federal reduciría su visibilidad, empujando a los consumidores hacia plataformas clandestinas sin ningún tipo de protección. La ANJL planteó en términos similares que la falta de comunicación clara dificultaría que los consumidores identifiquen las plataformas legítimas, lo que podría incrementar el acceso a sitios no regulados.
La AGU también señaló que la coexistencia de dos regímenes regulatorios generaría incertidumbre jurídica para los operadores autorizados..
La defensa del estado y el rol de la Asamblea Legislativa
El gobernador de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, impugnó la demanda planteando cuestiones procesales: cuestionó la legitimidad de la ANJL para interponer la acción, alegando que la entidad carece de carácter nacional efectivo, y señaló que suspender la ley causaría un daño inmediato a la salud de niños y adolescentes, así como al patrimonio de las familias más vulnerables.
La Asamblea Legislativa de Rio Grande do Sul también presentó su defensa, argumentando que los estados brasileños tienen competencia para crear leyes que protejan a la infancia, la juventud y la salud pública, con base en los artículos 23 y 24 de la Constitución Federal.
El expediente en manos del STF
La ministra Cármen Lúcia determinó en mayo la tramitación prioritaria de la ADI 7971, solicitando con carácter urgente información al gobernador Eduardo Leite y al presidente de la Asamblea Legislativa, con un plazo de cinco días sin posibilidad de prórroga.
Tras la presentación de la AGU, la decisión sobre la concesión de la medida cautelar corresponderá al STF, que analizará los argumentos del gobierno federal, la ANJL, el gobernador del estado y la Asamblea Legislativa. La ministra Cármen Lúcia autorizó el acceso al expediente a la Procuraduría General de la República, que deberá emitir su dictamen antes de que se resuelva la cautelar.
El fallo del STF establecerá si los estados brasileños tienen margen para regular la publicidad de apuestas de manera autónoma o si esa facultad queda reservada exclusivamente al gobierno federal, en un contexto en el que la industria del igaming atraviesa su primer año completo de operación regulada en Brasil.
