La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México publicó en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de Carácter General previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). La medida forma parte de la implementación de las reformas realizadas a la Ley y a su Reglamento, publicadas en 2025 y 2026 respectivamente, y busca fortalecer el marco regulatorio aplicable a los sectores que la legislación mexicana clasifica como Actividades Vulnerables.
Bajo esa categoría se agrupan sectores económicos lícitos —comerciales, profesionales o de servicios— que, por su naturaleza, resultan susceptibles de ser utilizados para operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los juegos con apuesta, los concursos y los sorteos figuran entre las actividades incluidas en esta clasificación, lo que sitúa directamente al sector del gaming dentro del alcance de las nuevas disposiciones.
Las reglas publicadas no crean un régimen nuevo desde cero, sino que desarrollan con mayor precisión las disposiciones ya previstas en la ley, establecen criterios concretos para su aplicación y delimitan tanto las obligaciones de los sujetos obligados como las atribuciones de las autoridades encargadas de su supervisión. El objetivo declarado es dotar de mayor certeza jurídica al sistema y garantizar una aplicación homogénea en todo el país.
México: El Enfoque Basado en Riesgo, eje central de la reforma
El cambio más relevante que incorporan las nuevas reglas es la adopción del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) como principio rector para el cumplimiento de las obligaciones de la ley. Bajo este modelo, quienes realizan Actividades Vulnerables —incluidos los operadores de juegos con apuesta— deberán identificar, evaluar, clasificar y documentar los riesgos vinculados a sus clientes o usuarios, sus operaciones, productos, servicios, canales de operación y zonas geográficas de actuación.
Esta metodología reemplaza un esquema más homogéneo de cumplimiento por uno diferenciado, en el que cada sujeto obligado debe construir su propia matriz de riesgo y ajustar sus controles internos en función de esa evaluación. La lógica detrás del cambio es que los operadores con mayor exposición dediquen más recursos y controles a la prevención, mientras que aquellos con perfiles de riesgo más bajo puedan aplicar medidas proporcionales a su situación.
Más exigencias en el conocimiento del cliente y los controles internos
Las nuevas disposiciones también refuerzan varios pilares operativos del régimen antilavado. Entre ellos se destacan las medidas de conocimiento del cliente o usuario, la identificación del beneficiario controlador y de las Personas Políticamente Expuestas, los mecanismos de control interno, la conservación de información y la presentación de avisos ante las autoridades correspondientes.
Para el sector de juegos con apuesta, esto implica procesos de verificación de identidad más rigurosos, un seguimiento más cercano de los patrones de las operaciones y la necesidad de mantener registros documentados que permitan reconstruir el origen de los fondos involucrados en cada transacción, en línea con las exigencias que ya enfrentan otros sectores considerados de mayor exposición al lavado de activos.
Supervisión diferenciada y cumplimiento proporcional
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de sus unidades competentes, también ejercerá sus funciones de supervisión bajo el mismo Enfoque Basado en Riesgo, orientando sus acciones de verificación hacia los sectores y actividades con mayor exposición a ser utilizados para el lavado de dinero. En la práctica, esto significa que la intensidad de la fiscalización no será uniforme para todos los sujetos obligados, sino que dependerá del nivel de riesgo que cada actividad represente.
Las reglas incorporan, además, un modelo de cumplimiento proporcional: tanto las obligaciones como las acciones de supervisión se aplicarán según el nivel de riesgo específico de cada Actividad Vulnerable. Este esquema busca optimizar los recursos destinados a la prevención, reforzar el cumplimiento efectivo de las obligaciones legales y facilitar la implementación de controles ajustados a las características particulares de cada sector, en lugar de imponer un estándar único para actividades con perfiles de riesgo muy distintos entre sí.
Una transición gradual para los sujetos obligados
La entrada en vigor de las nuevas disposiciones se dará de forma escalonada, con el objetivo de facilitar su implementación. Este esquema gradual busca dar tiempo a los sujetos obligados —entre ellos, los operadores del sector de juegos con apuesta— para actualizar sus procesos internos, capacitar a su personal y desarrollar las capacidades técnicas necesarias para cumplir con el nuevo marco regulatorio.
Con esta actualización, México avanza en la consolidación de un régimen de prevención de lavado de dinero más exigente para el sector del juego, en un contexto donde la expansión del mercado de apuestas del país ha ido acompañada de una mayor atención regulatoria sobre los riesgos financieros asociados a su crecimiento.
