La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México ha puesto bajo la lupa a trece establecimientos de juego distribuidos en ocho estados del país, tras identificar operaciones financieras que coinciden con patrones internacionales de lavado de activos. La investigación revela un esquema complejo que involucra movimientos millonarios en efectivo, transferencias al extranjero y el uso de plataformas digitales para ocultar el origen de los recursos.
Operaciones sospechosas detectadas en ocho estados
Los casinos investigados mantienen operaciones en Sinaloa, Jalisco, Ciudad de México, Sonora, Nuevo León, Baja California, Estado de México and Chiapas. Según el reporte oficial de la SHCP, estos establecimientos presentan un alto riesgo financiero debido a la naturaleza y volumen de sus transacciones.
La dependencia federal señaló que se identificaron conductas presuntamente consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero, lo que activó los protocolos de investigación correspondientes. Las autoridades financieras han estado monitoreando estas operaciones durante varios meses antes de hacer pública la investigación.
Transferencias internacionales y uso de plataformas digitales
Uno de los hallazgos más relevantes de la investigación es la identificación de transferencias significativas hacia diversos países. Las autoridades rastrearon movimientos de dinero hacia Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, destinos que frecuentemente aparecen en esquemas de lavado de activos a nivel internacional.
Los establecimientos investigados utilizaban plataformas digitales como herramienta principal para dispersar los recursos, ocultarlos y posteriormente reintegrarlos al sistema financiero tanto nacional como internacional. Este método permite dificultar el rastreo de los fondos y crear múltiples capas de transacciones que complican la identificación del origen ilícito del dinero.
Intermediarios con perfiles económicos inconsistentes
La investigación reveló un patrón particularmente preocupante: el uso de personas con perfiles económicos que no corresponden con las cantidades de dinero que manejaban. Según las autoridades, amas de casa, personas desempleadas y jubilados eran utilizados como intermediarios para transferir fondos supuestamente ganados en juegos de azar hacia los verdaderos beneficiarios.
Este modus operandi es característico de esquemas sofisticados de lavado de dinero, donde los operadores buscan fragmentar las transacciones y utilizar personas que no levanten sospechas ante el sistema financiero. La utilización de estos «testaferros» dificulta el rastreo de los verdaderos dueños de los recursos.
Denuncias ante la Fiscalía General de la República
La Unidad de Inteligencia Financiera anunció que presentará denuncias formales ante la Fiscalía General de la República para dar seguimiento a los posibles delitos identificados. Las acusaciones incluyen operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y delitos del orden fiscal.
Estas denuncias marcan el inicio de un proceso legal que podría derivar en investigaciones penales contra los responsables de los establecimientos. Las autoridades buscan determinar no solo la existencia de lavado de dinero, sino también la estructura completa de la organización detrás de estas operaciones.
Grupo Salinas denuncia persecución estatal
Entre los casinos investigados se encuentran Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca, subsidiarias de Grupo Salinas. La corporación respondió públicamente acusando al gobierno mexicano de ejercer una persecución de Estado en su contra.
En un comunicado oficial, el conglomerado calificó la investigación como una nueva muestra del uso faccioso del aparato del Estado para asediar a Grupo Salinas por todos los frentes. La empresa señaló directamente a la Procuraduría Fiscal de la Federación y a la Unidad de Inteligencia Financiera de anunciar la investigación con fines políticos.
Defensa del cumplimiento normativo
Grupo Salinas aseguró que todas sus empresas cumplen cabal y oportunamente con todos los requerimientos legales y normativas aplicables al sector. La compañía sostuvo que ha implementado los más altos estándares internacionales de prevención de lavado de dinero, en conjunto con sus socios internacionales, particularmente del Reino Unido.
El conglomerado manifestó estar preparado para demostrar su cumplimiento ante cualquier instancia competente y acusó a la procuradora fiscal, Grisel Galeano García, de encabezar una acción arbitraria que confirmaría una campaña sistemática del gobierno en su contra.
Implicaciones para la industria del juego en México
Esta investigación representa uno de los operativos más amplios contra la industria de casinos en México en años recientes. El caso pone en evidencia las vulnerabilidades del sector ante esquemas de lavado de dinero y podría derivar en regulaciones más estrictas para todos los operadores del país.
La industria del juego en México ha experimentado un crecimiento significativo en la última década, pero también ha sido señalada repetidamente por organismos internacionales como un sector de alto riesgo para operaciones de lavado de activos. Las autoridades mexicanas enfrentan el desafío de equilibrar el desarrollo económico del sector con la necesidad de prevenir actividades ilícitas.
