El proceso de licitación de casinos municipales impulsado por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) de Chile terminó con un resultado que expuso las tensiones entre el regulador y la industria: de los cuatro recintos puestos a concurso, solo Coquimbo y Pucón recibieron ofertas. Viña del Mar e Iquique, dos de las plazas con mayor relevancia turística del país, quedaron sin postulantes.
El desenlace generó cuestionamientos entre algunos de los principales operadores del mercado chileno, que apuntaron a las condiciones económicas, técnicas y de inversión fijadas por la SCJ como factores que habrían incidido en la baja participación.
Viña del Mar e Iquique, las plazas que nadie quiso
Ambos casinos habían quedado disponibles después de que sus operadores devolvieran las concesiones durante el año anterior: Enjoy renunció a Viña del Mar y Dreams hizo lo propio con Iquique. Desde entonces, la administración de esos recintos, junto con la de Coquimbo y Pucón, quedó en manos de Casinos de Chile, la sociedad creada tras la reorganización judicial de Enjoy para gestionar sus activos mientras se define un nuevo operador.
Las condiciones fijadas para retomar la operación de Viña del Mar incluían un plazo de apenas tres meses para poner el casino nuevamente en marcha, un pago mínimo anual cercano a los 17,6 millones de dólares para el municipio y la obligación de financiar obras de mejoramiento en Avenida Perú por hasta 5,37 millones de dólares. Para Iquique, la exigencia más cuestionada fue el traspaso de determinadas obras al municipio sin compensación para el operador, lo que Dreams estimó en una inversión de 55 millones de dólares sin posibilidad de recuperación.
Las críticas de Dreams, Marina del Sol y Corporación Meier
La compañía Dreams fue la más directa en su rechazo: calificó su eventual participación en el proceso como «inviable» y cuestionó las bases técnicas por considerarlas excesivamente onerosas y sin una justificación que favoreciera la competencia. Para la empresa, el desembolso exigido en obras se transformaba en un costo hundido que ningún operador podía asumir sin garantías de retorno.
Marina del Sol, en tanto, sostuvo que sí tenía interés y capacidad para competir, pero que el diseño de las condiciones terminó por dejarla fuera del proceso. La compañía fue más allá y planteó que el resultado evidencia fallas estructurales en el modelo de licitación de casinos que Chile utiliza desde 2015, sugiriendo que el problema no es coyuntural sino de diseño regulatorio.
Corporación Meier, por su parte, calificó las exigencias económicas y de inversión como desproporcionadas frente a la situación actual del mercado. La empresa fue la única que llevó su reclamo a una instancia formal: presentó un recurso de reposición ante la SCJ solicitando dejar sin efecto la licitación, suspender la recepción de ofertas y remitir los antecedentes a la Contraloría General de la República para que revise la legalidad del procedimiento.
Un mercado concentrado en pocos actores
El episodio ocurre en un contexto donde la industria de casinos chilena está dominada por un número reducido de operadores: Dreams, Marina del Sol, Corporación Meier y Casinos de Chile. Esta concentración alimenta el argumento de las compañías de que condiciones de entrada demasiado exigentes no solo desincentivan nuevas ofertas, sino que refuerzan el control de los mismos jugadores sobre el mercado, en lugar de abrir espacio a nuevos competidores.
La consulta pendiente ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia
El proceso se desarrolló en paralelo a una consulta presentada por Inversiones Marina del Sol ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que analiza si las bases técnicas fijadas por la SCJ para los cuatro recintos se ajustan a la normativa de competencia.
En ese marco, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ya emitió su posición: indicó que no observa restricciones anticompetitivas en el diseño del proceso. El organismo revisó elementos como la oferta económica mínima, el uso de inmuebles municipales, las obligaciones de infraestructura, los plazos de inicio de operaciones, el traspaso de activos a los municipios y la exigencia de mantener al cien por ciento del personal del operador saliente. Su conclusión fue que se trata de requisitos contemplados en la Ley de Casinos, aplicables por igual a todos los oferentes y conocidos con anticipación.
Qué puede pasar ahora
Con dos de los cuatro recintos sin postulantes y un recurso formal presentado ante la SCJ, el organismo regulador enfrenta presión para revisar el diseño de sus próximas licitaciones. El resultado del proceso reabre una discusión de fondo para la industria del juego en Chile: hasta qué punto las exigencias de inversión y las cargas económicas impuestas a los operadores son compatibles con el objetivo declarado de atraer nuevos competidores al mercado. La decisión que tome el TDLC sobre la consulta de Marina del Sol podría convertirse en un antecedente clave para las próximas rondas de licitación de casinos municipales.
