El Boletín Oficial de Argentina publicó el Decreto 771/2026, una norma que introduce un cambio de fondo en la estructura de competencias del Estado nacional frente al juego problemático. La medida modifica la Ley de Ministerios N° 22.520 e incorpora de manera explícita al Ministerio de Salud dentro del abordaje de esta problemática, que hasta ahora había quedado mayormente por fuera de las atribuciones formales del organismo sanitario.
El decreto amplía las funciones del Ministerio de Salud en dos frentes que el propio texto vincula entre sí: por un lado, la prevención y el tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas y, por otro, el diseño y la ejecución de políticas específicas contra el juego problemático. De esta manera, ambas problemáticas pasan a formar parte de las competencias del organismo sanitario.
Un mandato que va más allá del tratamiento de casos avanzados
La norma no limita la intervención del Ministerio de Salud a la atención de personas que ya atraviesan un cuadro severo de juego problemático. El decreto habilita también tareas de capacitación, investigación, concientización y prevención, con el objetivo declarado de sostener lo que la propia normativa describe como un abordaje integral de la problemática.
Ese enfoque supone que el organismo podrá actuar en etapas previas al desarrollo de un problema de juego, a través de campañas de información y programas de formación dirigidos tanto a profesionales de la salud como a la población general.
El crecimiento de las apuestas digitales, telón de fondo de la medida
La decisión se enmarca en una transformación acelerada del acceso a las apuestas en Argentina durante los últimos años. La expansión de las plataformas de apuestas online, sumada a la masificación de los teléfonos móviles y a la disponibilidad de billeteras virtuales, redujo de forma significativa las barreras de acceso al juego y lo instaló como una actividad cotidiana para un sector amplio de la población.
Ese proceso trajo consigo nuevos desafíos para la prevención, particularmente entre adolescentes y jóvenes, un segmento que las autoridades sanitarias y educativas identifican como especialmente expuesto. La facilidad para apostar desde un celular, en cualquier momento y sin las barreras físicas de un local habilitado, modificó el perfil de riesgo asociado al juego problemático y motivó respuestas cada vez más frecuentes desde distintos niveles del Estado.
El juego problemático, cada vez más cerca de otras adicciones
La forma en la que el decreto agrupa al juego problemático junto con el consumo de sustancias psicoactivas no es un detalle menor. Esa decisión normativa reconoce, en los hechos, que ambas problemáticas comparten mecanismos de dependencia y requieren estrategias de abordaje similares, algo que distintos organismos de salud a nivel internacional vienen sosteniendo desde hace años al clasificar al juego problemático como un trastorno conductual con entidad propia.
Para el sistema de salud argentino, esa equiparación normativa puede tener consecuencias prácticas más allá del texto del decreto. Incorporar al juego problemático dentro del mismo marco que otras adicciones abre la puerta a que los dispositivos de atención ya existentes, pensados originalmente para el consumo de sustancias, puedan adaptarse o ampliarse para atender también a personas con problemas de juego, en lugar de depender exclusivamente de programas aislados o de iniciativas privadas.
Un desafío de implementación que recién comienza
Más allá del cambio normativo, el decreto no detalla todavía con qué estructura, presupuesto o cronograma el Ministerio de Salud pondrá en marcha estas nuevas atribuciones. La experiencia de otras políticas sanitarias sugiere que el mayor desafío suele presentarse en esta etapa posterior a la firma de la norma, cuando es necesario traducir las competencias formales en programas concretos, equipos capacitados y presencia territorial efectiva.
Esa instancia de implementación será clave para determinar si la medida logra traducirse en una presencia real del Estado en la prevención del juego problemático, especialmente en un escenario en el que la oferta de apuestas digitales sigue creciendo a un ritmo que, hasta ahora, superó con claridad la capacidad de respuesta de los organismos públicos.
Un debate que ya venía creciendo en las provincias
El Decreto 771/2026 se suma a un conjunto de iniciativas que distintas jurisdicciones argentinas impulsaron en los últimos meses para atender esta misma problemática. Varias provincias avanzaron con proyectos orientados a limitar la publicidad de apuestas, restringir el acceso de menores de edad a las plataformas de juego y reforzar las herramientas de prevención en el ámbito escolar y comunitario.
En ese sentido, la medida nacional no aparece como una decisión aislada, sino como parte de una tendencia regulatoria que fue tomando forma en Argentina a medida que la ludopatía ganó visibilidad en la agenda pública. El decreto formaliza a nivel nacional una preocupación que hasta ahora se había expresado principalmente a través de normas provinciales y municipales.
