Con el proceso de autorización prácticamente consolidado, el sistema peruano concentra ahora sus esfuerzos en homologar plataformas, supervisar operadores y reducir la oferta ilegal del juego online.
Hoy basta un teléfono móvil para apostar en tiempo real, ingresar a un casino en vivo o jugar desde cualquier lugar. Esta facilidad convirtió al entretenimiento digital en un negocio sostenido por operadores, plataformas, desarrolladores, medios de pago y sistemas de certificación, cuyo alcance ya no se mide solo por la cantidad de páginas activas, sino por toda la infraestructura tecnológica que hace posible cada transacción.
Durante años, esta oferta dirigida a usuarios peruanos avanzó sin una regulación específica que estableciera obligaciones uniformes para todos los operadores. El panorama cambió con la Ley N.° 31557, modificada luego por la Ley N.° 31806, y con la aprobación de su reglamento mediante el Decreto Supremo N.° 005-2023-MINCETUR. Desde febrero de 2024, las empresas que explotan juegos o apuestas deportivas a distancia deben contar con autorización del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para operar legalmente en el país.
La implementación de la regulación también permitió dimensionar el mercado, como quedó reflejado en junio de 2026. La Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas (DGJCMT) informó que el sistema contaba con 92 autorizaciones y 4.534 salas o puntos de atención de apuestas deportivas a distancia distribuidos en el territorio nacional.
Desde la entrada en vigencia de la normativa, además, la autoridad había atendido 16.401 solicitudes administrativas, entre autorizaciones, homologaciones, modificaciones y registros vinculados con el mercado digital.
Homologación técnica
El proceso de formalización para las empresas que ya operaban cuando entró en vigor la norma concluyó en agosto de 2024. A partir de ese momento, solo las compañías con autorización podían continuar ofreciendo legalmente sus plataformas y servicios al público peruano. El Mincetur mantiene en su portal registros de titulares, plataformas, programas, proveedores y laboratorios para que los usuarios puedan comprobar si una oferta pertenece al mercado regulado.
El cambio también creó una dirección especializada dentro del regulador para evaluar aspectos técnicos, legales y financieros del juego online. De acuerdo con el director general de la DGJCMT, Yuri Guerra, la institución incorporó mecanismos de aprobación previa, aprobación automática y fiscalización posterior, reduciendo los tiempos administrativos de entre 20 y 30 días a periodos aproximados de cinco a siete días.
Por ejemplo, una plataforma autorizada debe demostrar que sus sistemas cumplen los estándares técnicos establecidos por el Mincetur. La evaluación comprende la infraestructura tecnológica, los programas de juego, las modalidades disponibles y los módulos de casino en vivo antes de que puedan ser ofrecidos en el país.
En ese marco, durante el 2025, la DGJCMT reportó 111 homologaciones de plataformas, 644 programas de juego, 21 modalidades y 107 módulos de casino en vivo. En el corte parcial de 2026 ya se habían registrado 37 plataformas, 351 programas, 5 modalidades y 52 módulos de casino en vivo.
Fiscalización del mercado
La supervisión no concluye con la autorización de una plataforma. Durante 2025 se procesaron 802 modificaciones de contenidos y 109 integraciones de plataformas; en 2026 se habían atendido 424 modificaciones, 35 integraciones y el registro de 26 proveedores vinculados. Este seguimiento permite identificar a los desarrolladores, verificar las versiones utilizadas y comprobar que las reglas coincidan con las aprobadas.
El control también alcanza a la oferta ilegal. Hasta junio de 2026, el Mincetur había realizado 1.015 revisiones de plataformas y 2.583 visitas a puntos de atención, además de atender 102 denuncias. La estrategia incluye bloqueo de dominios y direcciones IP, la vigilancia de la publicidad y de los medios de pago, así como operativos de decomiso.
Los resultados también reflejan un cambio de enfoque. Durante 2025 fueron retiradas 711 páginas ilegales y comisados 341 bienes; mientras que, en 2026, se reportaba el retiro de otras 116 webs y el decomiso de 156 equipos.
Publicidad y juego responsable
La publicidad se convirtió en uno de los principales canales de captación del juego online. Bonos de bienvenida, patrocinios deportivos, anuncios en redes sociales y colaboraciones con creadores de contenido forman parte de las estrategias utilizadas para atraer jugadores.
La legislación peruana prohíbe promocionar plataformas y salas que no hayan sido autorizadas por el Mincetur. Las comunicaciones comerciales también deben incorporar advertencias sobre los riesgos del juego excesivo. La normativa dispone que anunciantes e influencers incluyan de manera visible el mensaje que advierte que los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía. Estas obligaciones adquieren especial relevancia durante torneos de gran audiencia y campañas dirigidas a públicos jóvenes.
Protección del jugador
La protección del usuario comienza con la validación de identidad. Las plataformas deben impedir el registro de menores y bloquear a quienes figuren en el Registro de Personas Prohibidas. En junio de 2026, el sistema reunía a 4.433 personas y se encontraba conectado con plataformas virtuales y establecimientos físicos para restringir su acceso.
Fernando Calderón Castro, presidente de la Sociedad de Juegos de Azar, sostuvo durante el Perú Gaming Show que el juego responsable debe incluir autoexclusión, límites de tiempo o apuestas, monitoreo de conductas e intervención temprana. También recomendó ofrecer reglas transparentes, explicar claramente las promociones y observar señales como periodos prolongados de juego, montos inusuales, irritabilidad o aislamiento.
El mercado online peruano ya no se encuentra en una etapa inicial de formalización. Su principal desafío es sostener la vigilancia sobre plataformas autorizadas, retirar con rapidez la oferta ilegal y garantizar que la expansión tecnológica no debilite la protección de los usuarios.
