La Policía Estatal de Pensilvania emitió una advertencia formal a los negocios que operan máquinas de «juegos de habilidad«, equipos comunes en tabernas, restaurantes, gasolineras, minimercados y lavanderías de todo el estado. La alerta llega después de que la Corte Suprema de Pensilvania resolviera, el 15 de junio, que estos dispositivos funcionan en la práctica como máquinas tragamonedas, según la definición de la Ley de Juegos de Azar.
Esa clasificación cambia todo el panorama legal. Las máquinas tragamonedas solo pueden poseerse, operarse o mantenerse con una licencia otorgada por la Junta de Control de Juegos de Pensilvania (PGCB), y quien lo haga sin ese permiso comete un delito penal según el Código Penal estatal.
Qué negocios están en riesgo en Pensilvania
Actualmente existen en Pensilvania cerca de 70.000 máquinas de este tipo, instaladas en tiendas de barrio, bares, restaurantes, lavanderías y organizaciones fraternales. A diferencia de las máquinas tragamonedas de los casinos, estos equipos no pagan impuestos ni requieren licencia bajo el marco estatal vigente, lo que ha generado la controversia legal.
Solo los casinos con licencia y las paradas de camiones autorizadas pueden operar legalmente máquinas tragamonedas inspeccionadas por la PGCB. Por eso, cualquier dispositivo de juegos de habilidad fuera de esos establecimientos se considerará ilegal a partir del 14 de octubre, fecha en la que la policía y otras autoridades podrán confiscar las máquinas, el equipo asociado y el dinero generado, además de presentar cargos penales cuando corresponda.
Apagar la máquina no basta
La Policía Estatal fue clara en un punto: desconectar o apagar un dispositivo que funciona correctamente no equivale a cumplir con la ley. La recomendación oficial es que los negocios contacten a los distribuidores o proveedores dueños de las máquinas y de los terminales de canje de boletos para coordinar su retiro. Si el proveedor se niega, el establecimiento puede pedir ayuda directamente a la policía para garantizar el cumplimiento.
Propuestas legislativas en pugna
Antes de que llegue la fecha límite, los legisladores de Pensilvania tienen sobre la mesa varias alternativas para regular —y no eliminar— estas máquinas. El gobernador Josh Shapiro plantea un impuesto del 52% sobre las ganancias, destinado al fondo general del estado. Una propuesta bipartidista, respaldada por las empresas Pace-O-Matic y Miele Manufacturing, propone en cambio una tarifa fija de 500 dólares mensuales por máquina, con la que se espera recaudar 300 millones de dólares en el primer año.
También hay posturas intermedias: el representante estatal Russ Diamond propone un impuesto del 20% con un límite de cinco máquinas por negocio, mientras que el senador Gene Yaw impulsa una tasa del 16%. El debate no es menor: la Oficina Fiscal Independiente de Pensilvania calcula que cada máquina genera en promedio 47.000 dólares al año, una cifra que explica la presión de los sectores comercial y legislativo por encontrar una salida antes de octubre.
La disputa en Pensilvania también es local
El tema divide opiniones incluso dentro de Pensilvania. En Filadelfia, el Ayuntamiento prohibió estas máquinas en 2023, aunque la medida quedó congelada mientras la Corte Suprema estatal revisaba el caso. La alcaldesa Cherelle Parker calificó los dispositivos de «abusivos» y pidió que no sean accesibles para niños ni comunidades vulnerables.
Con la fecha límite del 13 de octubre acercándose, la incógnita central es si la Legislatura de Pensilvania logrará aprobar una ley a tiempo. Si no ocurre, miles de negocios en el estado enfrentarán la pérdida de sus máquinas y de los ingresos que generan a partir del día siguiente.
