La Autoridad Bancaria Europea (ABE) recomienda evaluar la incorporación de los préstamos y empréstitos de criptoactivos al marco de los Mercados de Criptoactivos (MiCA), la normativa que regula el sector de criptomonedas en la Unión Europea. El pedido llega en respuesta a una consulta de la Comisión Europea, que busca revisar y actualizar esta regulación.
El organismo propone que se regulen tanto los préstamos como los empréstitos de criptoactivos, incluso cuando las empresas del sector solo facilitan el acceso a protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi). Para eso, recomienda que la Comisión Europea analice los costos y beneficios de sumar la intermediación de estos préstamos a la lista de servicios que ya supervisa MiCA en la Unión Europea.
Medidas concretas para proteger a los usuarios
Entre las medidas que plantea la Autoridad Bancaria Europea figuran pruebas de idoneidad para los usuarios, límites de apalancamiento y mayores exigencias de información. El organismo también sugiere restringir el acceso a préstamos que usen tokens referenciados a activos o tokens de dinero electrónico autorizados bajo MiCA, además de crear un régimen de certificación específico para los protocolos de préstamos DeFi.
Según la ABE, este tipo de préstamos crece en toda la Unión Europea. Estudios previos detectaron actividad de préstamo y empréstito con criptoactivos en al menos 16 países del bloque. El organismo advierte que el acceso más simple a las finanzas descentralizadas, sumado al uso de herramientas de inteligencia artificial, borra cada vez más el límite entre las finanzas tradicionales y las descentralizadas.
Preocupación por los grandes conglomerados cripto
Más allá de los préstamos, la Autoridad Bancaria Europea señala un problema de fondo: la falta de supervisión efectiva sobre los grandes conglomerados cripto que operan en Europa. Con la entrada en vigor de MiCA, distintas empresas empezaron a ofrecer servicios digitales en la región bajo modelos muy variados. Algunas son bancos tradicionales; otras combinan criptoactivos, activos tokenizados y divisas convencionales, junto con servicios como custodia, pagos o préstamos no regulados.
Muchas de estas compañías operan principalmente fuera de la Unión Europea. Un ejemplo es Binance, que dejó de operar en el bloque en julio al no obtener la licencia MiCA, o Coinbase. El problema, explica la ABE, es que las empresas de un mismo grupo suelen estar conectadas por vínculos financieros, operativos y de marca, lo que puede generar riesgos para los clientes que hoy no están del todo cubiertos.
El marco de supervisión de conglomerados financieros vigente en la Unión Europea solo aplica a grupos con actividades bancarias, aseguradoras o de inversión tradicionales, porque fue diseñado antes de que existieran los criptoactivos. Esto obliga a los supervisores europeos a depender de acuerdos de intercambio de información con otras jurisdicciones, que no siempre cooperan. Por eso, la ABE pide crear nuevas herramientas de vigilancia coordinada.
El debate sobre las reservas de stablecoins
La Autoridad Bancaria Europea también se pronunció sobre las exigencias de liquidez para los emisores de stablecoins, un tema que el Banco Central Europeo ya había planteado esta semana. Actualmente, MiCA exige que estos emisores mantengan entre el 30% y el 60% de sus reservas en depósitos bancarios, según su tamaño. El Banco Central Europeo propuso reemplazar ese requisito por reservas invertidas en activos líquidos de alta calidad y vencimiento corto.
La ABE se muestra abierta a esa alternativa, aunque con cautela, porque considera que un esquema de colchones de liquidez diaria y semanal podría ajustarse mejor al riesgo real que un porcentaje fijo de depósitos.
El desafío de stablecoins globales
Por último, la Autoridad Bancaria Europea insiste en la necesidad de regular las llamadas stablecoins globales, como USDC de Circle, que se emiten de forma conjunta en distintas jurisdicciones. El organismo advierte que las salvaguardias actuales de MiCA no bastan para controlar los riesgos que implican estos activos para la Unión Europea, aunque no pide prohibirlos. En cambio, reclama mayor claridad legal y acuerdos de reciprocidad con otros países para proteger al mercado europeo.
