Tras el anuncio del Gobierno de La Rioja sobre la nueva Ley del Juego, la Asociación Española de Empresarios de Salones de Juego y Recreativos (ANESAR) realizó una reunión de asociados de la Comunidad Autónoma en donde manifestaron su preocupación por el contenido de la legislación.
“Este proyecto de ley va a conllevar en el medio plazo la desaparición de la gran mayoría de las empresas de salones de juego que llevan trabajando desde hace más de 40 años en La Rioja, con la consiguiente destrucción de empleo y recursos que se aportan para la administración regional”, expresaron desde ANESAR.
Curiosamente, la exposición de motivos de este proyecto normativo que regula el sector “presencial” en La Rioja justifica el mismo con los datos de otra actividad y otro ámbito: las personas que juegan o apuestan “online” en España, aportando para ello los datos de un estudio elaborado por la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Consumo para el juego online.
“Resulta por tanto sorprendente e incoherente que un marco legal autonómico se justifique en algo que precisamente está excluido de manera expresa de su ámbito de aplicación: el juego online así como los juegos de ámbito estatal reservados a la competencia de la Administración General del Estado, que junto con la ONCE son los grandes operadores de juego nacional, y a los que se le abona el terreno en detrimento de los operadores locales que llevan operando más de 40 años en La Rioja”, agregaron desde la asociación.
Desde ANESAR creen que esto es fruto, una vez más, del desconocimiento de la realidad de la actividad y del afán por establecer medidas efectistas, pero no eficaces. Por ello, desde ANESAR están trabajando para continuar con la interlocución y disposición mostrada tanto por el gobierno riojano como en demás ámbitos administrativos y políticos. Todo ello con el fin de que, en esta fase de tramitación de la normativa, se valoren sus propuestas que, en línea con los principios programáticos de la norma, se basan en la eficacia, la responsabilidad y la garantía de todas aquellas cuestiones que entienden deben quedar recogidas en la misma para dotarle, según se indica en la misma, de la necesaria “seguridad jurídica a las empresas de juego y de los usuarios que participen en ellos”.
