En una conferencia de prensa efectuada en la ciudad de Santa Cruz, la directora ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ) de Bolivia, Jessica Saravia, informó sobre la revocatoria de licencia de operaciones de la empresa Samtofraro por incumplimiento de las normas.
“El pasado 16 de octubre se ha otorgado licencia de operaciones a la empresa Samtafraro, la que además de no cumplir con los requisitos establecidos por las normas, tenía como apoderada a una persona con procesos por el funcionamiento de casas de juego clandestinas y deudas al Estado de más de 300.000 UFV´s. Llama también la atención que el asesor legal de la empresa Samtafraro fuera posteriormente designado como jefe de Unidad Jurídica de la AJ en Santa Cruz”, señalo Saravia.
Entre los requisitos incumplidos por la compañía están la prohibición de fijar establecimientos de juego en lugares próximos a instituciones de educación y otros, la licencia de operaciones dispone que la actividad de la empresa Samtafraro sea desarrollada en un lugar que se encuentra a 98 y 250 metros de distancia de una guardería y un centro educativo municipal.
Además, no se cumplieron los requisitos sobre el capital del operador. Se autorizó a la empresa con un supuesto capital de 3 741 000 bolivianos, sin considerar que conforme a la certificación del sistema financiero la empresa tiene una cuenta bancaria con un importe depositado de 96 138 bolivianos además los bienes inmuebles y muebles presentados por los socios no cuentan con documentos de respaldo, ni se encuentran registrados a nombre de la empresa.
También, pasaron por alto la prohibición para que los socios, accionistas, miembro del directorio o de la administración de la empresa operadora tengan deudas pendientes con el Estado.
Por otra parte, la directora ejecutiva de la AJ, aseguró que desde su institución se están realizando las acciones para que se determinen las responsabilidades que correspondan: “Haremos respetar la norma, más aun cuando se trata de proteger a niños y adolescentes, el sitio iba a funcionar en lugar cercano a establecimientos educativos, los representantes tenían deudas con el Estado y no transparentaron sus fuentes de financiamiento, en consecuencia estamos realizando las acciones pertinentes para determinar las responsabilidades que correspondan”.
