El gobierno de Brasil dio un paso adicional en la regulación de las operaciones vinculadas a la distribución de premios con fines promocionales. La Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda (SPA/MF) formalizó, mediante publicación en el Diario Oficial de la Unión, la Ordenanza N.º 1.818/2026, un texto que ordena el procedimiento administrativo aplicable cuando se detectan irregularidades en este tipo de operaciones.
El alcance de la norma no se limita a los sorteos promocionales tradicionales. También abarca las promociones organizadas por concesionarias y permisionarias de servicios de radiodifusión, las iniciativas impulsadas por organizaciones de la sociedad civil y los esquemas de captación anticipada de ahorro popular, una figura que en Brasil requiere autorización expresa del Ministerio de Hacienda para operar.
Qué conductas quedan tipificadas como infracción
De acuerdo con el texto, se considera infracción administrativa ejecutar cualquiera de estas operaciones sin contar con la autorización previa correspondiente. La ordenanza también sanciona el incumplimiento del plan de distribución de premios previamente aprobado o cualquier alteración de la finalidad para la que fue autorizada la promoción.
En el caso específico de la captación anticipada de ahorro popular, se tipifica como falta el apartamiento de los términos bajo los cuales fue concedida la autorización.
Cómo se estructura el proceso sancionador internamente en Brasil
La ordenanza reparte las funciones entre dos áreas de la SPA. La Subsecretaría de Monitoreo y Fiscalización queda a cargo de abrir, instruir y analizar los expedientes, mientras que la Subsecretaría de Acción Sancionadora es la encargada de emitir la decisión final en primera instancia.
Todos los actos procesales deberán tramitarse preferentemente por vía electrónica. Las notificaciones a los interesados se enviarán a las direcciones registradas ante la SPA y la documentación deberá presentarse a través del Sistema Electrónico de Información (SEI), salvo en los supuestos que la propia norma exceptúa expresamente.
Acceso al expediente y reglas de notificación
Antes de que se dicte la decisión de primera instancia, el acceso al expediente queda restringido exclusivamente a las partes legalmente habilitadas, quienes podrán consultarlo mediante la dirección electrónica registrada en el SEI. Cualquier incidente procesal que la ordenanza no contemple de forma expresa será resuelto por la autoridad competente, sin que ello implique la suspensión de los plazos ni de la tramitación del caso.
El texto distingue con precisión entre dos figuras de comunicación formal. La notificación se emplea para informar al interesado sobre las irregularidades detectadas y garantizar su derecho de defensa, mientras que la intimación se reserva para requerir información, ordenar diligencias o comunicar actuaciones dentro del proceso.
Plazos procesales y contenido de la decisión final
Como regla general, los interesados dispondrán de diez días corridos para realizar los actos que les correspondan dentro del proceso. La presentación de la defensa cuenta con un plazo ampliado de hasta 30 días desde la notificación, período en el que deberá acompañarse la documentación y las pruebas pertinentes.
Concluida la instrucción, el expediente pasa a la Subsecretaría de Acción Sancionadora, responsable de emitir la decisión de primera instancia. La ordenanza exige que esa resolución esté debidamente fundamentada y contenga los hechos comprobados, los fundamentos jurídicos aplicados y la conclusión sobre la imposición de sanciones o, en su caso, el archivo del expediente.
Qué sanciones contempla la nueva ordenanza
El catálogo de sanciones previsto por la SPA incluye, de forma individual o acumulativa según la gravedad de la conducta:
- * Apercibimiento formal
- * Multa económica
- * Revocación de la autorización otorgada
- * Prohibición de operar por un período de hasta tres años
La norma también habilita la aplicación de un régimen especial de fiscalización y, en los casos más graves, la suspensión inmediata de la actividad cuestionada.
Si la multa impuesta no se abona dentro de los diez días posteriores a la resolución, la SPA puede iniciar el trámite para inscribir la deuda como pasivo activo de la Unión, un mecanismo que equipara estas sanciones al tratamiento de otras deudas públicas en Brasil. Cuando el expediente revele indicios de delito o de infracciones a otras normativas, la secretaría está obligada a trasladar los hechos al Ministerio Público y a las demás autoridades que correspondan.
