El Gobierno de Brasil, a través de la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) del Ministerio de Hacienda, ha intensificado sus esfuerzos para combatir las apuestas ilegales.
Este lunes, la SPA envió a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) una tercera lista de dominios ilegales para su bloqueo. Desde el inicio de esta medida, el pasado 11 de octubre, se han clausurado más de 5,200 sitios web en menos de 40 días.
Este bloqueo se coordina con cerca de 20.000 empresas de telecomunicaciones que brindan acceso a internet en Brasil, siendo supervisado por Anatel para garantizar su eficacia.
Medidas adicionales para combatir apuestas ilegales en Brasil
El bloqueo de sitios web es solo una de las estrategias implementadas por el gobierno. También se han adoptado medidas para detener la promoción de sitios no autorizados, incluso la realizada por influencers, y se han restringido los accesos de estas empresas al sistema financiero nacional.
Estas acciones forman parte de un plan integral para regular y proteger la industria legal de apuestas en el país.
Autorizaciones provisionales para apuestas en Brasil
En cuanto a la operación legal de las apuestas, solo las empresas que hayan solicitado autorización antes del 17 de septiembre de 2024 o cuenten con el respaldo de organismos reguladores estatales o del Distrito Federal, podrán operar provisionalmente hasta finales de este año.
Actualmente, el Tesoro está analizando estas solicitudes para verificar el cumplimiento de las leyes aplicables, como la Ley N° 13.756/2018, que legaliza las apuestas deportivas, y la Ley N° 14.790/2023, que regula las apuestas de cuota fija e incluye los juegos online.
También deben cumplir con más de 10 ordenanzas emitidas por la SPA que regulan la actividad.
Requisitos para operación legal de apuestas en 2025
A partir del 1 de enero de 2025, solo las empresas que obtengan autorización definitiva por parte de la SPA podrán operar legalmente a nivel nacional.
Hasta diciembre de este año, las empresas en proceso de aprobación estarán en un «período de prueba», mientras se analiza su documentación. Las empresas que incumplan leyes como el Código de Protección al Consumidor o el Estatuto del Niño y del Adolescente podrían perder su oportunidad de obtener una licencia para operar en 2025.
