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Brasil enfrenta debate regulatorio por restricciones a la publicidad de apuestas

Brasil

La discusión abrió un nuevo capítulo dentro del debate regulatorio sobre las apuestas online en Brasil, especialmente en un contexto donde decenas de proyectos vinculados a publicidad y patrocinio del sector avanzan en distintas asambleas legislativas del país.

Por qué el gobierno federal cuestiona la ley de Rio Grande do Sul

El argumento central de la SPA se basa en la naturaleza jurídica de las apuestas de cuotas fijas, que el organismo considera una modalidad de lotería federal. Bajo esa interpretación, la regulación del sector correspondería exclusivamente al Ministerio de Hacienda, lo que haría inconstitucional cualquier norma estadual que pretenda regular su publicidad.

«Solo el Congreso Nacional puede crear leyes sobre el tema para garantizar la uniformidad en todo el país», sostuvo la Secretaría en una nota remitida al medio especializado JOTA. En ese mismo comunicado, el organismo indicó que «los órganos de control competentes a nivel federal, como la Fiscalía General, pueden actuar en el ámbito apropiado para plantear y demostrar cualquier posible inconstitucionalidad».

Por su parte, el gobierno de Rio Grande do Sul respondió a través de su Cámara Civil que la ley «tiene origen parlamentario, fue sancionada por el gobernador y permanece vigente hasta que una decisión judicial la suspenda». Hasta el momento, no existe ninguna resolución judicial que haya paralizado su aplicación.

La Fiscalía General, consultada pero sin respuesta

JOTA consultó en dos oportunidades a la Fiscalía General sobre su interpretación de la norma estatal. El organismo derivó la consulta a la Cámara de Representantes, sin emitir una posición oficial. El Ministerio de Hacienda, conducido por Miriam Belchior, tampoco respondió a los pedidos de comentarios.

Hasta el momento, no hay información sobre si la Fiscalía General tiene la intención de impugnar legalmente la ley de Rio Grande do Sul, ni si otros estados que sancionen normas similares enfrentarían la misma objeción del gobierno federal.

Qué proponen los proyectos de ley en los distintos estados

Las iniciativas en análisis abordan una amplia variedad de aspectos relacionados con la publicidad y el patrocinio de plataformas de apuestas. Aunque varían en su alcance, la mayoría comparte una preocupación central: proteger a los grupos vulnerables, en especial a niños y adolescentes.

En Rio de Janeiro, uno de los proyectos prohíbe la publicidad de juegos de azar en videojuegos y plataformas dirigidas a menores, con el argumento de que la estética de «gamificación» —animaciones, personajes y mecánicas lúdicas— genera una percepción distorsionada del dinero fácil en un público en formación. Otro proyecto en ese mismo estado busca impedir la firma de contratos o acuerdos de apoyo institucional entre el sector público y empresas de apuestas.

En Minas Gerais, una propuesta prohíbe que influencers digitales, artistas y futbolistas promocionen sitios de apuestas, bajo el argumento de que su imagen de éxito social normaliza conductas de riesgo. São Paulo, Paraíba, Pernambuco, Maranhão, Mato Grosso, Bahía, Espírito Santo y Sergipe también registran proyectos similares en diferentes etapas legislativas.

Entre las medidas más específicas que se debaten figura el bloqueo del uso de tarjetas de asistencia social y de programas de seguridad alimentaria para realizar apuestas, con el objetivo de evitar que recursos destinados a necesidades básicas se destinen al juego. Otras propuestas apuntan a eliminar las marcas de apuestas de los uniformes de equipos deportivos y de eventos financiados con fondos públicos.

Un conflicto que define el modelo regulatorio del sector en Brasil

La disputa entre Rio Grande do Sul y el gobierno federal pone en evidencia una tensión estructural en el modelo de regulación del juego en Brasil: la convivencia entre una competencia federal exclusiva sobre las loterías y la presión creciente de los estados por legislar frente a los impactos sociales de las apuestas online.

El resultado de este conflicto —ya sea por vía judicial, legislativa o política— determinará en buena medida qué nivel de gobierno tiene la última palabra sobre cómo y dónde pueden publicitarse las plataformas de apuestas en el país más grande de América Latina.

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