En Chile, la Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCJ) formalizó su oposición a la Resolución N° 69 del Servicio de Impuestos Internos (SII) en una comparecencia ante la Comisión de Economía del Senado. Su presidenta, Cecilia Valdés, calificó la medida como una «contradicción gigante»: el Estado persigue las apuestas online por considerarlas ilegales y, al mismo tiempo, recauda el IVA que generan.
La resolución del SII, publicada en meses recientes, estableció un mecanismo específico para que las casas de apuestas online tributen, reconociendo expresamente que las autoridades competentes ya las habían declarado ilícitas. El propio organismo argumentó que su mandato se limita al cumplimiento de obligaciones tributarias y que no le corresponde calificar la licitud de las actividades gravadas.
Para la ACCJ, ese argumento no resuelve la contradicción de fondo. «La legalidad no puede venir de la vía administrativa. Esto no es solamente habilitar el juego en línea, sino que es extender una nueva modalidad, es modificar las bases históricas sobre las que se construyó el régimen jurídico de los juegos de azar en Chile», afirmó Valdés ante los senadores.
Más de 3.000 plataformas ilegales operan sin obligación de reportar operaciones sospechosas
Uno de los argumentos más contundentes presentados por la asociación ante la comisión fue la respuesta obtenida de la Unidad de Análisis Financiero (UAF): las páginas de apuestas online no están obligadas a reportar operaciones sospechosas a las autoridades. Para la ACCJ, esa laguna convierte a estas plataformas en un vector de riesgo para el lavado de activos.
Valdés cifró el alcance del fenómeno: hay registros de más de 3.000 plataformas de apuestas operando actualmente en Chile, y advirtió que el número real podría ser superior. El contraste con el sector regulado es significativo: los casinos con licencia están sujetos a controles antilavado, impuestos específicos del juego, mecanismos de protección al consumidor y restricciones para el acceso de menores.
La presidenta de la ACCJ enumeró ante el Senado los efectos negativos concretos de la situación actual: indefensión total de los consumidores, debilitamiento del sistema de prevención del juego problemático y del juego infantil, riesgo elevado de lavado de activos y una recaudación fiscal inferior a la potencial, dado que la resolución del SII solo contempla el IVA y no el impuesto específico al que está sujeto el sector regulado.
La asimetría tributaria perjudica a los operadores con licencia
La ACCJ subrayó una inequidad estructural que el mecanismo del SII agrava. El sector regulado de casinos en Chile paga, además del IVA, impuestos específicos al juego que no se aplican a las plataformas online que ahora tributan bajo la Resolución N° 69. El resultado es que el Estado obtiene de los operadores ilegales una carga fiscal inferior a la que percibe de quienes operan dentro del marco legal, al tiempo que ambos compiten por los mismos jugadores.
«Primero tenemos que tener una ley y después vemos cómo se recauda y cuánto se recauda», concluyó Valdés, reafirmando la posición de la asociación: cualquier régimen tributario debe ser consecuencia de una regulación integral, no un sustituto de ella.
El SII defiende su resolución: recaudar no equivale a legalizar
Jorge Trujillo, director del SII, también compareció ante la Comisión de Economía del Senado para defender la Resolución N° 69. El funcionario rechazó que la medida tenga como propósito promover o fomentar la industria del juego online y aclaró que el organismo se limitó a constatar que la actividad existe y a establecer el mecanismo para cobrar los tributos que genera.
Trujillo distinguió entre la calificación jurídica de una actividad y la obligación tributaria que puede derivarse de ella: el hecho de que la Corte Suprema haya declarado ilegal el juego online no exime a quienes lo practican de pagar los impuestos correspondientes a los ingresos obtenidos. Desde esa lectura, el SII no estaría otorgando ninguna forma de reconocimiento implícito a la industria ilegal, sino aplicando principios generales del derecho tributario.
El debate en la Comisión de Economía del Senado ilustra la tensión no resuelta en Chile entre la realidad de un mercado de apuestas online masivo y activo, y la ausencia de un marco legal que lo regule de forma integral. Mientras esa brecha persista, tanto la recaudación como la protección al consumidor seguirán siendo parciales.
