La Contraloría General de la República de Chile (CGR) encendió las alarmas en el mundo político y administrativo del país al revelar que 910 funcionarios del Estado realizaron apuestas en casinos durante un período en el que tenían explícitamente prohibido hacerlo por ley. El hallazgo, surgido de un cruce de bases de datos entre organismos públicos, expone una vulneración sistemática de la normativa vigente y abre la puerta a investigaciones penales.
Cómo se descubrió la irregularidad
El caso salió a la luz a través del Vigésimo Consolidado de Información Circularizada, publicado el 23 de marzo por la CGR. El organismo de Chile comparó el registro de funcionarios obligados a rendir caución —es decir, aquellos que tienen bajo su responsabilidad la administración o custodia de recursos del Estado— con la base de datos de clientes de casinos proporcionada por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ).
El resultado fue contundente: 910 personas que debían resguardar fondos públicos realizaron apuestas en casinos entre enero de 2024 y junio de 2025, por un monto total que supera los $12,2 millones de dólares (equivalente a más de 11.490 millones de pesos chilenos).
Qué dice la ley que prohíbe apostar a estos funcionarios
La conducta detectada no constituye una falta menor. El artículo 10, letra b, de la Ley 19.995 establece con claridad que quienes, en razón de su cargo, tengan a su cargo la administración o custodia de fondos públicos no pueden efectuar, por sí mismos ni a través de terceros, ningún tipo de apuesta en casinos de juego, bajo ninguna circunstancia.
La prohibición responde a una lógica de protección del erario público: evitar que quienes gestionan recursos colectivos se expongan a entornos de riesgo financiero que puedan comprometer su desempeño o generar incentivos para el uso indebido de los fondos a su cargo.
Los montos que encendieron las alarmas
Más allá del número de involucrados, lo que marcó el tono del informe fue la dimensión económica de las apuestas. De los 910 funcionarios identificados, solo 181 concentran el 96,8% del total apostado, con más de $11,8 millones de dólares entre ellos.
Al profundizar aún más en los datos, 20 personas suman apuestas por cerca de $5,7 millones de dólares. El caso más extremo corresponde a un funcionario de la Fuerza Aérea de Chile que habría apostado el equivalente a aproximadamente $1,1 millones de dólares —más de 1.040 millones de pesos— en el período analizado, una cifra que no guarda ninguna proporción con los niveles de remuneración que percibe un empleado público en ese rango.
La Contraloría derivó el caso a la justicia y a los sumarios administrativos
Ante la magnitud de los montos, la CGR advirtió que ya no se trataría únicamente de infracciones administrativas. El organismo señaló que la escala de las apuestas realizadas por quienes concentran los mayores montos abre la posibilidad de que se hayan cometido delitos, por lo que remitió los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para que evalúen si existe mérito para iniciar una persecución penal.
Paralelamente, la CGR ofició a las 371 instituciones de origen de los funcionarios involucrados para que inicien los sumarios administrativos correspondientes. Entre las entidades notificadas figuran Carabineros de Chile, la Fuerza Aérea, la Tesorería General de la República, la Policía de Investigaciones (PDI) y diversas municipalidades del país.
Qué sanciones enfrentan los funcionarios implicados
Las consecuencias para los involucrados pueden ser severas. Según la CGR, las instituciones receptoras de los oficios deberán investigar la conducta de cada funcionario sumariado y aplicar las sanciones que correspondan, las cuales pueden llegar hasta la destitución del cargo.
Además, la Contraloría informó que enviará el listado completo de los 910 funcionarios a la Superintendencia de Casinos de Juego para que ejerza sus propias facultades fiscalizadoras y sancionatorias sobre los operadores de los establecimientos donde se realizaron las apuestas.
Un sistema de control que funciona, pero llega tarde
El caso pone en evidencia tanto la eficacia del cruce de datos entre organismos del Estado como los límites del sistema de fiscalización preventiva. Las apuestas ocurrieron durante más de 18 meses antes de que fueran detectadas, lo que plantea interrogantes sobre la periodicidad con la que se realizan estos controles y sobre si existen mecanismos para identificar estas situaciones en tiempo real.
El escándalo llega en un momento de especial sensibilidad respecto a la probidad en el sector público chileno y abre un debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de control interno en las instituciones del Estado.
