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CIBELAE reúne al sector en Costa Rica para trazar una estrategia regional contra el juego ilegal

Costa Rica

Regulación y tecnología, los dos ejes del debate

La primera jornada del seminario concentró las intervenciones de referentes que abordaron desde distintos ángulos la misma problemática central: cómo modernizar los marcos regulatorios y qué herramientas tecnológicas resultan más eficaces para reducir los riesgos que plantea el juego ilegal en el entorno digital actual.

El consenso entre los expositores apuntó en una dirección clara: ninguna de las dos dimensiones, la normativa y la tecnológica, puede operar de manera aislada. La actualización regulatoria sin respaldo tecnológico deja brechas operativas; la tecnología sin un marco legal sólido pierde eficacia ante actores que se mueven con agilidad en los espacios grises de la jurisdicción.

Las voces del sector: propuestas y experiencias regionales

Mariela Vargas, presidenta de la JPS de Costa Rica

La presidenta de la Junta de Protección Social de Costa Rica subrayó la necesidad de abordar el juego ilegal desde un enfoque integral que combine la actualización de los marcos regulatorios con una mayor articulación entre jurisdicciones. Según Vargas, esa coordinación es clave para fortalecer el rol institucional de las loterías estatales frente a operadores que operan sin controles.

Andreas Kötter, presidente de la World Lottery Association

Kötter aportó una perspectiva global centrada en la importancia de sostener metodologías de trabajo consistentes ante un fenómeno que evoluciona de manera constante. El presidente de la WLA también hizo hincapié en la capacitación continua como herramienta fundamental para mejorar la capacidad de respuesta del sector frente a nuevas modalidades de fraude.

Robert Chvátal, CEO de Allwyn

El máximo responsable de Allwyn presentó un esquema de tres pilares para limitar el accionar de los operadores ilegales: la restricción de la publicidad no autorizada, el bloqueo de infraestructuras digitales y la interrupción de los canales de pago.

Mario Parada, presidente de la Lotería de Concepción

Parada compartió la experiencia chilena en la judicialización de los proveedores de servicios de Internet (ISP) como mecanismo concreto para bloquear el acceso a operadores offshore. La presentación aportó un caso de aplicación regional que ilustra cómo el sistema judicial puede convertirse en un aliado activo de las loterías estatales en su lucha contra el juego ilegal.

Renato Siqueira, Caixa Loterias

El representante de Caixa Loterias planteó que la incorporación de tecnología en la lucha contra el juego ilegal debe ir acompañada de una estrategia de posicionamiento institucional. Para Siqueira, no alcanza con que las loterías oficiales sean más eficientes: la sociedad también debe reconocer su carácter oficial y comprender el impacto social que generan, como condición para que la confianza en el sistema formal se sostenga en el tiempo.

Ezequiel Domínguez, LOTBA y ALEA

El director de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) y representante de la Asociación de Loterías Estatales de Argentina (ALEA) puso el foco en la necesidad de que las propias loterías asuman un rol activo en el ámbito judicial. Domínguez remarcó que el juego ilegal no es una competencia desleal más, sino un delito, y que esa caracterización debe ser el punto de partida de cualquier estrategia seria de concientización preventiva.

Un encuentro que consolida la cooperación iberoamericana

El seminario de CIBELAE en Costa Rica no es solo un espacio de intercambio de experiencias: es también una señal de que el sector de las loterías estatales iberoamericanas está dispuesto a actuar de manera coordinada frente a un problema que ningún país puede resolver de manera aislada.

La diversidad de perspectivas que reunió la primera jornada, desde la visión global de la WLA hasta los casos nacionales de Chile, Brasil y Argentina, refleja tanto la magnitud del desafío como la variedad de herramientas disponibles para enfrentarlo. El denominador común en todas las intervenciones fue la convicción de que la inacción tiene un costo concreto, tanto en términos de recaudación como de protección a los usuarios y de credibilidad institucional del juego formal.

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