La Contraloría General de la República de Costa Rica identificó fallas sobre el funcionamiento interno de la Junta de Protección Social. Un informe de Auditoría Especial advierte posibles riesgos operativos, financieros y de integridad institucional asociados a estos procesos.
Qué encontró la Contraloría en su auditoría a la JPS
El documento oficial, identificado como DFOE-BIS-IAD-00001-2026, describe un conjunto de incumplimientos que van desde problemas formales en la documentación hasta debilidades estructurales en la seguridad física de las sedes regionales de la entidad.
Uno de los hallazgos más graves es el pago de premios por fracciones de lotería que habían sido reportadas como no vendidas y destruidas. Si bien la Contraloría reconoció que no se trata de una práctica habitual, el informe advirtió que su ocurrencia refleja un descontrol en los sistemas y registros de la JPS que no puede ignorarse.
Entre las fallas documentadas se identificaron la ausencia de firmas válidas en las actas de destrucción de billetes, deficiencias en las condiciones de seguridad para la compra de excedentes en sedes regionales, debilidades en los procesos de conteo y escaneo electrónico de la lotería devuelta, e incongruencias en la aplicación de controles para el recibo de excedentes.
Los riesgos que el informe pone sobre la mesa
La Contraloría no limitó su análisis a la descripción de los problemas encontrados. El documento advirtió de manera explícita que las debilidades detectadas comprometen la certeza jurídica del proceso de destrucción y reducen la capacidad de la administración para rendir cuentas sobre la trazabilidad de la lotería no vendida y la prevención de pagos indebidos.
En términos concretos, el informe identifica riesgos de fraude derivados de la falta de formalidad en las actas y el deficiente control de la lotería en consignación, además de riesgos de reputación, integridad y financieros para la institución. El organismo contralor emitió una serie de recomendaciones orientadas a corregir los incumplimientos y fortalecer los controles existentes.
La respuesta de la JPS: revisión de protocolos y acciones concretas
Frente a los hallazgos, la Junta de Protección Social reconoció las observaciones y aseguró que trabaja en una mejora y revisión de los protocolos utilizados para el registro, manejo y destrucción de lotería no vendida. La institución calificó los hallazgos como situaciones puntuales, aunque aclaró que eso no les resta importancia desde una perspectiva de mejora continua.
En su respuesta oficial, la JPS manifestó que valora positivamente el control externo ejercido por la Contraloría, ya que permite fortalecer sus mecanismos internos de supervisión y trazabilidad. La entidad señaló que incluso un caso aislado representa una oportunidad de revisión bajo un enfoque preventivo.
Las medidas que la JPS se comprometió a ejecutar
Para dar cumplimiento a las disposiciones del informe, la Junta anunció un conjunto de acciones concretas que ya se encuentran en ejecución. Entre ellas se destacan la implementación de una valoración integral de riesgos, mejoras en los sistemas de información para fortalecer la trazabilidad y consistencia de datos, el fortalecimiento de controles operativos en el proceso de devolución de lotería, y la optimización de los procedimientos internos de escaneo, validación y verificación de billetes no vendidos.
Un llamado a la transparencia en la gestión de los juegos de azar públicos
El caso de la JPS pone en evidencia los desafíos que enfrentan las entidades públicas que administran juegos de azar en materia de control interno y rendición de cuentas. La emisión de un informe de auditoría especial por parte de la Contraloría General no es un trámite menor: implica que los mecanismos ordinarios de supervisión resultaron insuficientes y que fue necesaria una revisión extraordinaria.
La respuesta institucional de la JPS, aunque abierta al escrutinio externo, deberá traducirse en cambios verificables y medibles. La Contraloría, por su parte, tendrá la última palabra sobre si las acciones ejecutadas cumplen efectivamente con las disposiciones emitidas en el informe.
El informe también reabre el debate sobre la modernización tecnológica en los sistemas de control de loterías estatales en América Latina. Expertos en auditoría y compliance sostienen que muchas entidades públicas todavía dependen de procesos manuales o esquemas híbridos que dificultan la trazabilidad completa de billetes, devoluciones y destrucciones certificadas. En ese contexto, el caso de la JPS podría convertirse en un precedente regional sobre la necesidad de incorporar herramientas digitales más robustas, sistemas automatizados de validación y protocolos de custodia más estrictos para reducir vulnerabilidades operativas y fortalecer la confianza pública en los juegos administrados por el Estado.
