Un concejal de la ciudad de Córdoba llevó el debate sobre el juego online a los tribunales. Sergio Ariel Piguillem presentó una acción de amparo por mora contra el gobierno de la provincia, luego de que sus pedidos de información sobre la regulación de las apuestas virtuales no fueran respondidos dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente. La presentación judicial busca que la Justicia obligue al Ejecutivo provincial a brindar datos concretos sobre el funcionamiento de un mercado que opera bajo amparo legal desde finales de 2024.
El origen del conflicto: un pedido ignorado por más de un mes
El 3 de marzo pasado, Piguillem ingresó una solicitud de información a través de la Mesa de Entradas de la Casa de Gobierno. Al día siguiente, el trámite fue digitalizado y derivado a la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado, el organismo competente para responder. Sin embargo, transcurrió más de un mes y el concejal no recibió ninguna respuesta formal.
Esa inacción configuró, según la demanda, un incumplimiento de los plazos establecidos por la Ley N.º 8.803 de acceso a la información pública, lo que habilitó la vía judicial. El amparo por mora es el mecanismo legal previsto precisamente para estos casos: cuando la administración no responde en tiempo y forma, el ciudadano puede recurrir a la Justicia para que la intime a hacerlo.
Qué información reclama Piguillem al gobierno de Córdoba
El amparo apunta a obtener datos sobre la aplicación de la Ley N.º 10.793, que regula las apuestas virtuales en el territorio cordobés desde octubre de 2024. Entre los puntos exigidos figuran:
- Destino del canon: qué uso se le da a los fondos abonados por las empresas licenciatarias.
- Acciones de concientización: qué medidas implementó el Estado provincial para informar sobre los efectos nocivos del juego.
- Registro de Jugadores: información sobre su funcionamiento y alcance.
- Pliegos de licencias: copia de los documentos que rigen las habilitaciones otorgadas a operadores.
Se trata, en todos los casos, de información que debería ser de acceso público por tratarse de actos de gobierno vinculados a la gestión de un recurso con impacto social directo. Sin embargo, ninguno de esos datos fue puesto a disposición del concejal ni de la ciudadanía de manera espontánea.
Críticas al gobernador Llaryora: “Nos llevan al extremo de acudir a la Justicia”
Al referirse a la presentación judicial, Piguillem no ocultó su malestar con la gestión del gobernador Martín Llaryora:
“Otra vez nos llevan al extremo de tener que acudir a la Justicia para obtener datos elementales.”
El concejal subrayó que la documentación solicitada no es información reservada ni sensible, sino datos básicos que en una gestión transparente deberían estar disponibles para cualquier ciudadano. Señaló que la transparencia es “un pilar de la democracia” y que su ausencia en este caso no es un descuido administrativo, sino un patrón que ya requirió intervención judicial en oportunidades anteriores.
El juego online en las escuelas y hogares: la urgencia detrás del pedido
Más allá del conflicto institucional, Piguillem fundamentó la urgencia de su reclamo en las consecuencias sociales que, a su juicio, está generando el juego online en Córdoba. Alertó sobre los “estragos” que la actividad estaría causando en escuelas y hogares, lo que vuelve impostergable conocer qué controles concretos está aplicando el Estado provincial.
La preocupación por el impacto del juego online en jóvenes y adolescentes no es exclusiva de Córdoba: es un debate que se repite en distintas provincias argentinas y en varios países de la región, donde los organismos reguladores enfrentan la presión de adaptar sus marcos normativos a la velocidad con que crece el acceso digital a las plataformas de apuestas.
La Ley N.º 10.793: el marco regulatorio en cuestión
La norma que Piguillem quiere poner bajo escrutinio entró en vigencia en octubre de 2024 y estableció el régimen legal para las apuestas virtuales en la provincia de Córdoba. Desde entonces, la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado es el organismo encargado de otorgar licencias, recaudar los cánones correspondientes y fiscalizar la actividad.
Sin embargo, la acción judicial del concejal pone de manifiesto que, casi seis meses después de su implementación, aspectos centrales del funcionamiento de esa ley todavía no son de conocimiento público. La respuesta de la Justicia determinará si el gobierno provincial deberá abrir esa información o si podrá seguir reservándola.
