El Consejo de Ministros de España aprobó, en segunda revisión, el proyecto de ley que adapta la Directiva DAC8 de la Unión Europea. Esta normativa busca reforzar el control fiscal sobre bitcoin y otras criptomonedas, permitiendo que Hacienda pueda conocer los activos digitales que los ciudadanos tengan fuera del país. El proyecto pasará ahora al Congreso para su tramitación legislativa.
Proveedores de criptoactivos deberán informar a Hacienda de España
Una de las principales novedades es que los proveedores de servicios de criptoactivos estarán obligados a informar a Hacienda sobre operaciones, saldos y datos de sus usuarios. Esto incluye desde bitcoin y criptomonedas tradicionales hasta tokens utilizados para adquirir bienes o servicios, así como dinero electrónico. Así, se cerrarán importantes vacíos fiscales que hasta ahora dificultaban el control sobre este sector en auge.
España intercambiará información sobre criptoactivos con otros países
Además, esta ley permitirá a España intercambiar automáticamente información con otros países de la Unión Europea y con terceros con los que existan acuerdos similares. Esta cooperación internacional facilitará la detección de criptoactivos que los residentes españoles mantengan en el extranjero.
Según estimaciones de la Comisión Europea, esta normativa podría generar ingresos adicionales de hasta 2.400 millones de euros para los países miembros de la UE.
Hacienda podrá embargar criptomonedas por deudas fiscales
Otro punto destacable del proyecto es que la Agencia Tributaria de España podrá embargar criptomonedas, bitcoins y otros activos digitales depositados en entidades de pago y plataformas de dinero electrónico para saldar deudas fiscales.
Hasta ahora, esta posibilidad estaba reservada solo a cuentas bancarias tradicionales. Esta medida extiende el alcance del fisco y obliga a esas entidades a reportar datos al mismo nivel que los bancos.
Nueva ley entrará en vigor en enero de 2026
El Ministerio de Hacienda de España ha subrayado que este nuevo marco normativo permitirá un control más sólido sobre los activos digitales ubicados fuera de España. La entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2026, y los primeros informes sobre tenencias en el extranjero llegarán en 2027, abarcando el año anterior. Todo esto responde a la obligación de implementar la DAC8 antes del 31 de diciembre de 2025.
Expertos destacan la importancia de la colaboración público-privada
La abogada Cristina Carrascosa, quien colaboró con la Agencia Tributaria durante la elaboración del proyecto, ha destacado la importancia de la colaboración entre el sector público y el privado para crear leyes sensatas y eficaces en un entorno tan cambiante como el de la innovación digital.
España se alinea con regulaciones europeas como MiCA
Este esfuerzo se suma a otros avances europeos como la regulación MiCA, enfocada también en el control y supervisión de los mercados de criptoactivos. En definitiva, aunque el proyecto aún debe superar el debate parlamentario, ya marca una transformación importante en la fiscalidad española.
Se contemplan sanciones para quienes no cumplan con las nuevas obligaciones, que podrían ir desde los 20.000 hasta los 500.000 euros, dependiendo de la gravedad y el volumen de la infracción detectada.
