En España, la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) ha reabierto una consulta pública para establecer un sistema de detección de conductas de riesgo que deberán utilizar los operadores de juego online con licencia estatal. La iniciativa pretende sustituir los distintos modelos empleados actualmente por las empresas por un procedimiento común. El plazo para presentar observaciones finalizará el 22 de octubre de 2026.
Durante este periodo, los operadores, proveedores y especialistas legales podrán examinar el proyecto de resolución, sus anexos y la Evaluación de Impacto en la Protección de Datos (EIPD).
Cómo funcionaría el mecanismo en España
Todos los operadores con licencia estatal para el juego en línea en España aplicarían la prueba durante los siete primeros días naturales de cada mes. Cada análisis revisaría la actividad de las cuentas en los 183 días anteriores.
El proceso tiene cuatro etapas. Primero se excluyen las cuentas con actividad reciente mínima. Después se aplican umbrales objetivos basados en cuatro variables, y toda cuenta que cumpla alguno se clasifica de inmediato como de “comportamiento de riesgo”.
Luego los operadores calculan unas 48 características a partir de depósitos, retiros, apuestas, duración de las sesiones, combinación de productos, hora del día, uso de herramientas de autoexclusión, retiros cancelados y tipos de medios de pago. Un modelo convierte esos datos en una puntuación de probabilidad, y las cuentas que superan un umbral definido quedan marcadas.
La DGOJ aclara que no usará fuentes externas, como redes sociales, historial de navegación o registros financieros y de salud detallados.
Qué ocurre con los jugadores señalados
La clasificación activa las medidas del Real Decreto 176/2023. El operador debe informar al jugador y explicar los factores que influyeron. El jugador tiene 72 horas para interactuar de forma efectiva; si no lo hace, su relación de juego se suspende hasta que cumpla.
Los jugadores marcados no reciben promociones, quedan fuera de los servicios VIP y enfrentan límites en las comunicaciones de marketing. También se prohíben las tarjetas de crédito y deben validar el medio de pago que usan.
Revisión y control en España
Los jugadores pueden pedir al operador que revise la precisión de los datos y la aplicación de las reglas. Si siguen en desacuerdo, pueden acudir a la DGOJ. Las medidas de protección continúan durante la revisión, y los operadores deben respetar el plazo de 72 horas.
La DGOJ hará evaluaciones periódicas con datos agregados e informes de los operadores, y ajustará variables, umbrales o parámetros del modelo cuando sea necesario. Además, prevé auditorías técnicas independientes. Como el análisis es automatizado, masivo y con consecuencias legales, el organismo preparó la EIPD conforme al RGPD.
Críticas de la primera ronda en España
La primera consulta, realizada en 2025, recogió opiniones de asociaciones, proveedores, algunos operadores y grupos de defensa de los jugadores. Los costes de integración y operación fueron el principal reparo. Los operadores cuestionaron la estimación de la DGOJ de 145.320 dólares por operador para la implementación.
También se señaló la sensibilidad del modelo en juegos de habilidad, como el póker y las apuestas deportivas, y los riesgos de protección de datos que implica la elaboración automatizada de perfiles.
Por qué España busca un estándar único
El Real Decreto 176/2023 reforzó las obligaciones de juego responsable en todo el sector en España. Obligó a los operadores a implementar protocolos de detección, pero les permitió definir sus propios modelos e indicadores. Esa diferencia de criterios llevó a la DGOJ a diseñar un mecanismo armonizado, que asegure una detección coherente y medidas de protección similares en todos los operadores con licencia.
La iniciativa se suma a otras acciones del regulador. A comienzos de este año, la DGOJ anunció subvenciones competitivas para financiar investigaciones sobre prevención, efectos y riesgos del juego. En marzo, el organismo de España publicó su Programa de Juego Seguro 2026-2030, que destaca la preocupación por las cajas de botín, los productos de casino social y otras funciones híbridas que pueden normalizar el juego entre menores y adultos jóvenes.
