En España, la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre no cambia el calendario del Real Decreto 520/2026, aprobado en junio. La norma crea un sistema de límites de depósito compartido entre operadores. Los topes por defecto son de unos 786 dólares diarios, 1.964 dólares semanales y 3.704 dólares en un periodo de cuatro semanas. El sistema entrará en vigor en marzo de 2027.
Cristina Romero de Alba, socia de Loyra Abogados, explicó a un medio europeo que los comicios no afectan a esa fecha. Para los operadores, esto significa que deben preparar sus sistemas con independencia del resultado en las urnas.
Una reforma que nunca llegó al Congreso
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 abrió a comienzos de este año una consulta para modificar la Ley 13/2011, el marco general del juego en España. Entre las propuestas figuraban:
- mayor control de la publicidad con celebridades e influencers;
- restricciones a las promociones de captación de clientes;
- límites a la publicidad en buscadores;
- advertencias más amplias sobre los riesgos del juego.
Tras la consulta, la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) se reunió con representantes del sector durante el verano. Sin embargo, ningún texto llegó a presentarse en el Parlamento antes del adelanto electoral. Según la abogada, el trabajo de consulta conserva su valor, pero cualquier cambio a la ley exigirá empezar un nuevo proceso legislativo bajo el próximo Ejecutivo.
El antecedente de 2025 en el Senado
No es el primer intento fallido. A finales de 2025, el Gobierno trató de introducir cambios en materia de juego mediante enmiendas a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela. Esas medidas fueron retiradas en el Senado y la norma se aprobó sin ellas. La nueva pausa se suma así a un historial de reformas que no logran avanzar.
PP y Vox: una postura sobre apuestas todavía sin definir
Los mercados de predicción de Polymarket otorgan a Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, un 80% de probabilidades de ser el próximo presidente del Gobierno. Podría necesitar a Vox para gobernar, de modo que el rumbo regulatorio dependería de ambas formaciones.
Romero de Alba pidió cautela ante la idea de que un Ejecutivo de derechas sería automáticamente más laxo. Según la abogada, la objeción del PP a las enmiendas de 2025 fue sobre todo de procedimiento, y el partido ya había respaldado medidas de protección al jugador. En febrero, la senadora popular Elena Castillo reclamó más gasto en prevención de los daños del juego y advirtió de que llevar un casino en el bolsillo no es un juego.
Ni el PP ni Vox han presentado todavía un programa detallado sobre apuestas para los comicios de noviembre. La letrada recordó que el manifiesto popular de 2019 incluía regular la publicidad y financiar campañas contra la ludopatía, pero su posición actual sobre publicidad, bonos, límites de depósito y protección del jugador es menos nítida. En el caso de Vox, la postura pública es aún más difusa.
Jdigital llevará el decreto al Tribunal Supremo
El decreto de límites de depósito también afronta un frente judicial. La asociación Jdigital, que agrupa a empresas de juego online, anunció que lo recurrirá ante el Tribunal Supremo. Su argumento es que estas medidas requieren aprobación del poder legislativo.
La patronal ya ganó con un razonamiento similar en abril de 2024, cuando el Supremo anuló varias disposiciones de otro real decreto. El tribunal consideró que las restricciones sobre promociones y publicidad online excedían lo que el Gobierno puede imponer por decreto.
El juego, fuera del centro de la campaña
Pese a lo que está en juego para las empresas, es poco probable que el juego sea tema central de la campaña, que girará sobre todo en torno a la crisis de vivienda. La abogada considera que la regulación puede aparecer en debates sobre protección del consumidor, salud pública y economía digital, pero hay pocos indicios de que marque una división electoral relevante.
Continuidad a corto plazo, incertidumbre después
Romero de Alba resumió el escenario para los operadores como una continuidad regulatoria a corto plazo, seguida de una incertidumbre política considerable. La reforma de la Ley del Juego queda en manos del nuevo Gobierno, mientras que los límites de depósito avanzan, con el posible freno de los tribunales como principal variable.
