Desde la llegada del nuevo coronavirus al Perú, el Gobierno ha emprendido una serie de medidas enfocadas, por un lado, a evitar la propagación del virus y, por el otro, a mitigar el impacto negativo en la economía. Dentro de este paquete, se consideraron incentivos económicos, entre los que se encuentra el programa Reactiva Perú.
Dicha iniciativa busca asegurar la continuidad en la cadena de pagos en el impacto del COVID-19, mediante el otorgamiento de garantías a las empresas, a fin de que puedan acceder a créditos de capital de trabajo y, por consiguiente, cumplan con sus obligaciones de corto plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y servicios.
Reactiva Perú cuenta con un monto de garantías de hasta 300 00 millones de soles, convirtiéndose en el programa de garantías más grande en la historia del país, al equivaler 4 % del PBI. Una iniciativa de grandes magnitudes a la que, inexplicablemente, no podrá acceder el sector de juegos de casino y máquinas tragamonedas. ¿Dónde radica el problema? ¿Qué consideraciones se tomaron en cuenta para esta decisión? ¿Qué dice la ley al respecto? Esta y otras interrogantes serán absueltas en el desarrollo de este informe especial.
Industria productiva
El sector de juegos en el Perú pagó por impuestos cerca de 400 millones de soles y empleó de manera directa a 84000 trabajadores, durante el 2019.
Según datos de la Sociedad Nacional de Juegos de Azar (Sonaja), en enero y febrero del presente año, el Estado iba recaudando cerca de 50 millones de soles en Impuesto al Juego, sin contar el ISC, el Impuesto a la Renta y demás tributos, y tenía registrado a 10000 trabajadores.
“Lamentablemente nuestro sector no está como prioridad en la agenda del Ejecutivo, en ese momento de crisis de salud (…). A pesar de ello, y de las consecuencias, tendremos que asumir, debemos de pelear por pasar la crisis y ver el futuro”, se lee en el comunicado del gremio.
La sombra de la estigmatización
En entrevista con la revista CASINO, David Helman, gerente general del Grupo Evo Finance, y con dos décadas trabajando en el mundo de los juegos de suerte y azar, dijo sentir indignación por la forma de calificar a un sector 100% formalizado. “Es realmente una ofensa al inversionista, a los trabajadores y a nuestros clientes. Cientos de miles de personas catalogados infamemente por quienes son sus gobernantes”, lamentó.
Respecto al impacto económico, Helman consideró que si bien existen grandes, medianas y pequeñas empresas dentro del sector, el impacto será en la medida de su estructura y el tiempo que dure la emergencia. “Teniendo en cuenta que es una actividad de flujo diario, las más afectadas serán las medianas y pequeñas, algunas de las cuales no podrán levantarse más”, advirtió.
A su turno, Juan Páucar, empresario de esta industria, mostró su preocupación por la situación a la que son expuestos los colaboradores, quienes “son la parte más importante de la compañía”. “Pagamos el impuesto a la renta anual, el IGV, impuesto a las máquinas tragamonedas y, últimamente, nos agregaron un ISC. Adicionalmente, pagamos un sistema de control en línea que tiene el mismo precio que un ISC. Contribuimos al país más que otros gremios”, afirmó.
Análisis al reglamento
La revista CASINO se comunicó, además, con cuatro reconocidos abogados y la respuesta fue un unánime respaldo a la voz de los empresarios del sector. Los especialistas se encargaron de analizar el reglamento operativo del programa Reactiva Perú al que calificaron como “discriminatorio” e “inconstitucional”.
“Desde mi perspectiva, esta posición (del Ejecutivo) no tiene sustento, puesto que es incongruente. El objetivo del programa es evitar la ruptura de la cadena de pagos (…). Si una empresa no realiza ventas y no obtiene dinero, no podrá pagar a sus trabajadores. Del mismo modo, estos trabajadores al no tener dinero no podrán comprar otros productos o servicios. Romper esta cadena genera un grave perjuicio a la economía nacional”, aseveró Eduardo Gálvez Monteagudo, socio fundador del Estudio Gálvez Monteagudo.
En ese sentido, sostuvo que excluir al sector de juegos de azar, “que por mucho tiene una regulación estricta y crea empleos a muchas familias”, genera un impacto negativo en la industria y sobre todo a las personas que dependen de él.
El doctor Juan Carlos Valderrama, socio de Zuzunaga, Pastor & Valderrama Abogados, enfatizó que se está vulnerando el derecho de igualdad ante la ley, de libre empresa, oportunidad económica, y atenta a la protección y fomento del empleo.
“El Anexo I del referido reglamento colocan al sector al costado de algunas actividades ilegales, que resultan antagónicas al papel que ha adoptado el Estado, puesto que este pretende que cumplamos nuestras obligaciones laborales sin poder abrir nuestras puertas (…), lastimosamente si las empresas quiebran serán puestos laborales no recuperables”, advirtió.
Empresarios con derecho
A consideración de Mario Vidal Olcese, socio fundador de Vidal, Cáceres, Gonzales Abogados, todo sector de la economía que se encuentre regulado, supervisado y con cargas tributarias, no debería ser apartado de un beneficio.
“Es como si señalaran que la pandemia constituye un riesgo para todos en el territorio nacional, menos para los que hacen empresa bajo el modelo de negocio de tragamonedas. Ello es ignorar que estos empresarios pagan no solo los tributos que los demás pagan, sino tributos especiales propios de su actividad”, enfatizó.
Cuestionó, en esa línea, que a la industria no se le considere para paliar un daño objetivo ocasionado a todos, “de un beneficio que sale de nuestro impuesto al cual ellos, precisamente, contribuyen más que todos los demás”.
Por su parte, el abogado Julio Palomino del estudio Julio Palomino & Asociados afirmó que no existe sustento legal de que el sector haya sido apartado de Reactiva Perú. “A pesar de que los negocios relacionados con la actividad de casinos y tragamonedas y otros afines han sido uno de los más golpeados con el COVID-19 y forman parte de uno de los sectores que más impuestos pagan, no ha existido un tratamiento legal que los beneficie, más aun teniendo en cuenta que su activación operacional podría darse recién a partir del 2021”, cuestionó.
¿Cuál será el futuro?
Respecto a las medidas legales que se pueden tomar, el socio fundador del Estudio Gálvez Monteagudo explicó que el ordenamiento jurídico peruano prevé una serie de mecanismos que permiten defendernos ante normas que limitan nuestros derechos. En ese sentido, destacó la necesidad de tomar en cuenta la realidad y el entorno dentro del cual se mueven los casinos ante terceros y hacer un inventario de los daños de toda naturaleza que esta discriminación legal les produce.
“Podemos hablar de varias alternativas, entre ellas interponer un proceso de amparo. Otra posible sería la acción de inconstitucionalidad, o algún otro mecanismo de defensa que suspenda el impacto negativo que esta nueva regulación está generando en los casinos, como podría ser la interposición de una medida cautelar previa”, sostuvo el letrado.
Para el socio de Zuzunaga, Pastor & Valderrama Abogados, se trata de una carrera de largo aliento. “Ante esta situación, parece que recurrir al proceso constitucional de amparo es la única medida legal, por ello debo citar la STC 0023-2005-PI/TC, que ha establecido que los tribunales constitucionales —y el Perú no es la excepción— identifican al amparo con una ‘doble naturaleza’: que el amparo persigue no solo la ‘tutela subjetiva’ de los derechos fundamentales de las personas; sino también comprende la ‘tutela objetiva’ de la Constitución”, explicó.
El socio fundador de Vidal, Cáceres, Gonzales Abogados estima un panorama complicado aun así se interponga alguna medida legal. “En la práctica tardaría más de un año en resolverse y, dada la gravedad de la situación, sería demasiado tarde para el sector”, manifestó.
Recordó que cada sala de juegos está asociada a un hotel o restaurante, el cual se impactará con la falta de apoyo, dañándose irreparablemente el sector turismo, “por lo que llama la atención el silencio del Mincetur”.
Hasta el cierre de este informe aún no existe un pronunciamiento, por la parte del Gobierno, referido a qué medidas tomará para proteger al sector del juego en el Perú, como sí se está haciendo en países como Colombia.
