El mercado de apuestas en Brasil, que genera ingresos de aproximadamente 24 mil millones de dólares al año, ha sido objeto de atención por parte del gobierno. La Hacienda Federal (Receita Federal en portugués) publicó en mayo de 2024 la Instrucción Normativa Nº 2.191, que establece las reglas para la tributación de los premios obtenidos en apuestas de cuota fija.
Según esta normativa, los premios estarán sujetos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con una tasa del 15%. Este porcentaje se aplica sobre el llamado «premio líquido», que corresponde a la diferencia entre el valor apostado y el monto recibido como ganancia.
Exenciones para premios pequeños
La normativa establece que los premios menores a 450 dólares estarán exentos de impuestos. Esto busca beneficiar a los apostadores ocasionales y de bajos ingresos, dejando el impuesto principalmente para ganancias más significativas.
Un modelo que genera dudas
Aunque el objetivo del gobierno es aumentar la fiscalización y la recaudación en un mercado en crecimiento, algunos operadores han señalado que las reglas podrían desincentivar a los jugadores, especialmente si las plataformas internacionales no reguladas ofrecen mejores condiciones. Esto podría impactar tanto en la competitividad del mercado legal como en los ingresos esperados por el gobierno.
Sanciones para operadores ilegales
Además de regular a los apostadores, el gobierno brasileño ha comenzado a tomar medidas contra las plataformas de apuestas que operan sin licencia. A partir de enero de 2025, las empresas que no cuenten con autorización oficial podrían enfrentarse a sanciones económicas severas. Actualmente, el Ministerio de Hacienda está analizando más de 100 solicitudes de regularización de compañías interesadas en operar en el país.
Ordenar un sector en expansión
El mercado de apuestas de Brasil es uno de los más dinámicos de la región, y estas medidas buscan garantizar un entorno más seguro y regulado. Para los apostadores, estas normativas ofrecen mayor claridad sobre sus obligaciones fiscales, mientras que para las empresas representan un desafío para adaptarse a un entorno legal más estricto.
