La Corte Suprema de Minnesota se enfrenta a una decisión clave para el futuro del juego en el estado: deberá determinar si las mesas de juego electrónicas instaladas fuera de las reservas tribales violan los acuerdos que otorgan derechos exclusivos a las tribus sobre los videojuegos de azar.
Este debate surge por el uso de tecnología para mesas electrónicas de blackjack, póker y baccarat— en Running Aces, un hipódromo que también funciona como club de cartas, ubicado a 40 minutos al norte de las Ciudades Gemelas (Twin Cities).
Tribunal de Minnesota analiza si mesas electrónicas son videojuegos disfrazados
El conflicto se centra en si estos dispositivos electrónicos se consideran verdaderos videojuegos de azar. Según Josh Peterson, abogado de la comunidad Shakopee Mdewakanton Sioux, que opera un casino en las afueras de Minneapolis, los equipos usados en Running Aces no son simples mesas de cartas, sino videojuegos disfrazados, donde se presionan botones en lugar de interactuar con crupieres reales.
Esta comunidad tribal defiende su derecho exclusivo a operar juegos electrónicos de azar, como lo establecen sus acuerdos con el estado.
Running Aces defiende legalidad de sus mesas de cartas electrónicas
Por su parte, los representantes de Running Aces argumentan que no están violando ninguna ley, ya que sus juegos siguen siendo “cartas” y no máquinas tragamonedas o similares. Su abogado, Evan Nelson, incluso afirmó que no hay evidencia concreta de que los clientes se estén alejando del casino tribal para acudir a su establecimiento, por lo que no se puede hablar de un daño real.
Comisión de Carreras de Minnesota aprobó expansión de juego electrónico
Este caso, sin embargo, va más allá del tipo de juego. El problema legal comenzó cuando la Comisión de Carreras de Minnesota aprobó en 2023 una modificación en el plano del club de cartas de Running Aces para permitir la incorporación de un nuevo distribuidor electrónico. La comunidad Sioux alega que esto viola el límite legal de 80 mesas de juego impuestas a estos clubes.
No obstante, el Tribunal de Apelaciones respaldó a la comisión, señalando que no había sobrepasado sus facultades. Eso sí, evitó pronunciarse sobre si los dispositivos califican como videojuegos de azar.
Corte Suprema debate definición de ‘mesa’ en el contexto del juego
La Corte Suprema también debatió la ambigüedad de la palabra “mesa”. Aunque la ley establece un máximo de 80 mesas, no hay una definición clara sobre cuántos jugadores puede haber en una. Según Pesch, abogado de la comisión, la autoridad evaluó el caso sin considerar que se tratara de un cambio radical, y reiteró que el número de jugadores no está vinculado directamente al límite de mesas.
Jueces expresan incertidumbre sobre límites legales del juego en Minnesota
A pesar de eso, varios jueces manifestaron su confusión ante la falta de un criterio claro. La jueza Sarah Hennessy señaló lo poco útil que resulta aplicar una definición de diccionario a una palabra que tiene un significado especializado en el contexto del juego.
Pesch explicó que el criterio previo era de siete a once jugadores por mesa, pero evitó fijar un estándar definitivo. Esto llevó al juez Paul Thissen a cuestionar si realmente se puede analizar caso por caso y cómo eso se puede aplicar de forma coherente.
Sioux defienden su derecho a demandar por impacto en sus casinos
Otro punto discutido fue si la comunidad Sioux tenía legitimación para presentar la demanda. Aunque Running Aces intentó argumentar que no la tenía, tanto el Tribunal de Apelaciones como varios jueces rechazaron esa postura. Peterson insistió en que el supuesto daño económico —la pérdida de clientes potenciales— es suficiente para que la tribu tenga derecho a defender sus intereses.
Minnesota podría sentar un precedente clave
Este caso es crucial porque puede redefinir los límites legales del juego en Minnesota y sentar un precedente para otros estados con acuerdos similares entre gobiernos y comunidades tribales. Además, revela las tensiones crecientes entre la innovación tecnológica en los juegos de azar y los derechos históricos de las tribus indígenas.
