Países Bajos pone en marcha la reforma tributaria en enero de 2025 con una meta clara: aumentar la recaudación pública subiendo el impuesto sobre los ingresos brutos del juego (GGR) del 30,5% al 34,2%. Ese incremento fue solo la primera de dos etapas, con una segunda alza programada para llevar la tasa al 37,8% a partir de enero de 2026.
Sin embargo, los resultados preliminares del primer semestre de 2025 han sido contrarios a lo esperado. El GGR de operadores con licencia cayó aproximadamente un 25% respecto al mismo periodo del año anterior. Como consecuencia, la recaudación efectiva es apenas cerca del 83% de lo que se obtuvo en la primera mitad de 2024, creando un «hueco» fiscal estimado en alrededor de 200 millones de euros en ingresos que no se materializaron. Este retroceso ha sido descrito en los reportes como un fracaso parcial de la estrategia fiscal, con advertencias de que el aumento adicional previsto podría agravar el problema.
Un mercado regulado debilitado y señales de migración al juego no autorizado
El mayor peso impositivo ha comprimido márgenes y reducido incentivos de los operadores legales. Muchos han recortado promociones, replanteado su propuesta o incluso evalúan salida, mientras la actividad se desplaza hacia canales no regulados.
Organizaciones sectoriales han expresado preocupación por un crecimiento del mercado ilegal, señalando que jugadores están buscando alternativas fuera del sistema supervisado, lo que erosiona parte del objetivo original de proteger al consumidor. Este cambio no está cuantificado públicamente con una cifra exacta de participación, pero múltiples voces advierten sobre una migración significativa que debilita la efectividad del modelo regulado.
Regulación más estricta y su impacto en el comportamiento de los jugadores
Paralelamente al ajuste fiscal, desde finales de 2024 se implementó un paquete de medidas de protección al jugador por parte de la Autoridad de Juegos de los Países Bajos (KSA). Entre ellas se introdujeron límites netos mensuales de depósito de 300 euros para jóvenes de 18 a 24 años y de 700 euros para mayores de 25; quien quiera superar esos umbrales debe demostrar capacidad económica.
Estas restricciones tuvieron un efecto palpable en las pérdidas de los jugadores: los datos oficiales muestran una caída del 31% en las pérdidas promedio mensuales tras aplicar las nuevas reglas, señalando una reducción del comportamiento potencialmente dañino. Al mismo tiempo, el porcentaje de cuentas con pérdidas superiores a 1,000 euros se redujo de alrededor del 4% a aproximadamente 1,2%, lo que refleja una contención de los escenarios más extremos.
Sin embargo, la combinación de límites estrictos y mayor carga fiscal también ha sido reconocida por la KSA como un posible factor que alimenta el interés por opciones fuera del sistema regulado, ya que algunos jugadores buscan evitar las restricciones excesivas.
Riesgos crecientes para la protección al consumidor
El desplazamiento hacia operadores no regulados erosiona las salvaguardas que el mercado legal ofrece: no hay garantía de límites efectivos, no existe supervisión creíble de conductas de riesgo, y se amplifican vulnerabilidades ante fraudes o lavado de dinero. Además, con el debilitamiento financiero de los operadores con licencia, se reduce su capacidad de invertir en tecnología de prevención, vigilancia de comportamientos problemáticos y formación especializada. Lo que originalmente buscaba ser un sistema más responsable corre el riesgo de fragmentarse, dejando a muchos jugadores sin la cobertura que motivó la regulación en primer lugar.
¿Puede revertirse la tendencia?
Analistas y actores del sector coinciden en que, antes de avanzar con el segundo aumento al 37,8%, es urgente una evaluación intermedia. Varias propuestas plantean mantener la tasa actual durante un periodo extendido para medir su impacto real y, en paralelo, ajustar otros elementos del marco regulatorio (como los mecanismos de verificación o la calibración de límites) para reducir la presión sobre el mercado legal sin renunciar a la protección del jugador. La flexibilidad, ajustada con datos, aparece como alternativa a una escalada que podría profundizar la dislocación del sistema.
Advertencia para otras jurisdicciones
Lo que ocurre en los Países Bajos ofrece una lección preventiva: subir impuestos y endurecer controles sin calibrar efectos colaterales puede minar los objetivos de recaudación y protección simultáneamente. Un diseño regulatorio que no considere la elasticidad del comportamiento del jugador ni el atractivo relativo del mercado ilegal corre el riesgo de empujar a los usuarios hacia entornos más vulnerables. Equilibrar sostenibilidad fiscal, competitividad del mercado regulado y responsabilidad social requiere de ajustes dinámicos y basados en evidencia.
