Panamá cuenta desde finales de mayo de 2026 con una ley específica para prevenir y controlar el juego problemático. La Ley 527, publicada en la Gaceta Oficial, introduce un conjunto de obligaciones para casinos, plataformas digitales de apuestas y operadores de juegos de azar en línea, y establece por primera vez en el país un reconocimiento expreso del juego compulsivo como una cuestión de salud pública. El Órgano Ejecutivo tendrá un plazo máximo de seis meses para reglamentarla.
El juego problemático, reconocido oficialmente como un problema de salud pública en Panamá
Uno de los aspectos más significativos de la Ley 527 es su enfoque conceptual en Panamá. Al reconocer el juego problemático como una cuestión de salud pública, la legislación panameña abandona el tratamiento meramente punitivo o fiscal del sector y abre la puerta a una respuesta institucional que involucra al sistema sanitario, al sistema educativo y al aparato regulatorio de forma coordinada.
Esta definición tiene consecuencias prácticas directas: obliga al Estado a destinar recursos específicos para la atención de las personas afectadas y a diseñar políticas preventivas más allá de la simple fiscalización de los operadores.
Límites de gasto, alertas automáticas y herramientas de autocontrol
La ley exige a todas las plataformas digitales de apuestas que operen en Panamá implementar herramientas que permitan a los usuarios configurar límites voluntarios de gasto y tiempo de juego. Además, los sistemas deberán emitir alertas automáticas cuando un usuario presente conductas identificadas como de riesgo.
Estas disposiciones siguen una línea regulatoria cada vez más utilizada en distintos mercados para promover prácticas de juego responsable.
Verificación biométrica para impedir el acceso de menores
Otro eje central de la normativa es la protección de los menores de edad. Las plataformas digitales de apuestas deberán incorporar sistemas de verificación biométrica de identidad y edad para impedir que personas menores de 18 años accedan a juegos de azar y apuestas en línea.
En el caso de los casinos físicos y salas de máquinas tipo A, la ley va un paso más allá: estas instalaciones deberán integrar tecnologías de reconocimiento facial en sus sistemas de videovigilancia para identificar a personas que hayan sido excluidas por resolución de la Junta de Control de Juegos de Panamá.
Bloqueo de plataformas no autorizadas y sanciones millonarias
La Ley 527 amplía de manera sustancial las facultades de la Junta de Control de Juegos para actuar contra operadores que funcionen sin licencia vigente en el país. La entidad podrá ordenar el bloqueo, suspensión o restricción de acceso a páginas web, aplicaciones, dominios y direcciones IP vinculadas con actividades de juego no autorizadas.
Las órdenes de bloqueo alcanzarán también a los operadores de telecomunicaciones y proveedores de internet, que deberán cumplirlas de forma inmediata. Para los incumplidores, la legislación establece multas de hasta un millón de balboas, equivalente a un millón de dólares dado que la moneda panameña está anclada al dólar estadounidense. En casos de reincidencia, las sanciones podrán duplicarse y derivar en la suspensión temporal o la cancelación definitiva de licencias.
Para los operadores que no cumplan con las medidas de prevención y control, las multas oscilan entre $25.000 y $100.000, con posibilidad de duplicación ante nuevas infracciones.
Un fondo de salud mental financiado por los propios operadores en Panamá
Uno de los mecanismos más novedosos de la ley es la creación de un fondo administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas, destinado al Instituto de Salud Mental para financiar programas de atención y tratamiento de personas diagnosticadas con juego problemático.
Los recursos que alimentarán ese fondo provendrán del 0,5% de los ingresos anuales que los operadores regulados de juegos de azar transfieren al Tesoro Nacional.
Auditorías anuales y educación preventiva en escuelas
La Junta de Control de Juegos deberá realizar auditorías anuales a casinos, plataformas digitales y operadores de apuestas para verificar el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en la normativa. Este mecanismo de supervisión periódica apunta a evitar que la ley quede como un texto declarativo sin aplicación efectiva.
Paralelamente, la legislación encomienda al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación el desarrollo de contenidos preventivos sobre juego problemático y los riesgos asociados a los juegos de azar. Esos materiales deberán implementarse en centros educativos oficiales y particulares del país, integrando la prevención desde etapas tempranas de formación.
