Noviembre ha sido un mes muy difícil para el país. La población peruana vivió siete días oscuros desde que el Congreso de la República decidió destituir a Martín Vizcarra del cargo de presidente del Perú. Si bien la expulsión se hizo a través de una moción de vacancia —un mecanismo legal— la acción ha sido considerada desde la población, abogados constitucionalistas y organizaciones internacionales como un golpe de Estado.
Debido a esto, millones de personas de la capital y regiones salieron a las calles para protestar contra el gobierno de facto de Manuel Merino, expresidente del Parlamento, arguyendo que la democracia, institucionalidad y separación de poderes habían sido transgredidas con su asunción como jefe de Estado. La fuerza del levantamiento —en su mayoría de jóvenes— ha causado tanto asombro que es llamada ‘la generación del Bicentenario’, calificativo acuñado por la socióloga Noelia Chávez. De ahí se ha discutido mucho sobre las características que tienen en común con los manifestantes de Hong Kong y Tailandia. “Comparten una narrativa de moral pública que pugna por devolver decencia a la política, además de una conciencia clarísima de que el poder está en la ciudadanía organizada y no en las instituciones”, dijo Raúl Castro, decano de Comunicación y Publicidad de la Universidad Científica del Sur.
Lamentablemente, el 14 de noviembre durante la Segunda Marcha Nacional, la violenta represión policial cobró la vida de dos jóvenes estudiantes: Inti Sotelo (24) y Bryan Pintado (22), ahora declarados Héroes del Bicentenario. Al respecto, la fiscalía ya ha abierto una investigación para determinar a los responsables de sus muertes; mientras que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha formulado una denuncia penal contra Manuel Merino; Ántero Flores-Aráoz, exprimer ministro; Gastón Rodriguez, exministro del Interior; Jorge Cayas, jefe de la región policial Lima; y Jorge Lam, subcomandante Gral. Policía Nacional.
VACANCIAS POR DOQUIER
En esa semana de noviembre también se ha reflexionado sobre el uso desmesurado que el Parlamento hizo de la figura de ‘incapacidad moral permanente’ como causal para pedir una vacancia. Solo en el actual periodo presidencial se ha usado hasta en cuatro ocasiones; sin embargo, únicamente se consumó en uno de los pedidos. Las dos primeras mociones fueron contra Pedro Pablo Kuczynski, pero en el primer intento no alcanzaron los votos y en el segundo, él renunció antes que culminara el proceso.
“Si pudiéramos calificar con una palabra el gobierno efímero de PPK sería ‘ingenuidad’. Ni el presidente ni su equipo de asesores políticos tuvieron la capacidad de leer una realidad que a todas luces buscaba vacarlo desde el comienzo: un Congreso agresivo y hostil. Sin embargo, la estrategia fue ceder en lugar de confrontar y al final no tuvo más remedio que renunciar”, comentó el analista político Alonso Cárdenas para RPP.
Los siguientes pedidos de vacancia fueron contra Martín Vizcarra, su sucesor. De la misma manera, el Congreso falló en el primer intento, pero en el segundo lo consiguió obteniendo 105 votos por encima de los 87 que requerían por ley. Así, la inestabilidad política se sumó a la crisis sanitaria, laboral y económica derivadas de la pandemia, que a la fecha coloca al país en el primer lugar del mundo con más muertes per cápita por coronavirus.
MOTIVOS SUSPICACES
Cuando Martín Vizcarra fue expulsado de su cargo, salió bajo acusaciones de corrupción. El diario El Comercio reveló que habría recibido presuntas coimas durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. Por ese motivo, enfrenta una investigación abierta de la Fiscalía, la cual contiene tres aspirantes a colaboradores eficaces. Anteriormente, también se señaló que había incurrido en tráfico de influencias tras reunirse hasta en 5 ocasiones con Ricardo Cisneros, un artista contratado por el Ministerio de Cultura. Cabe resaltar que el congresista Edgard Alarcón, quien fue el artífice de sacar a la luz los audios del caso ‘Richard Swing’, es autor de los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado cuando fue contralor general, según el Ministerio Público. Además, hubo muchas irregularidades en la Comisión de Fiscalización, investigadora del caso. Primero, que los audios presentados no pasaron por un peritaje; segundo, que la comisión no permitió el ingreso de más materiales probatorios para las averiguaciones; y tercero, que el Parlamento ya estaba debatiendo la vacancia cuando aún no tenía un informe final del grupo de investigación y cuando todavía estaban interrogando a la secretaria del presidente, Karen Roca.
Por otro lado, IDL Reporteros reveló que Merino, intentó comunicarse, por medio de su edecán, con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general EP César Astudillo antes de que se difundieran los audios y se planteara una moción de vacancia. Aun así, por todo lo anterior, el Parlamento señaló que Martín Vizcarra no estaba capacitado moralmente para dirigir al país. Lo cierto es que 68 congresistas también llevan en curso procesos penales, cuyos delitos giran en torno a lavado de activos, homicidio, defraudación, peculado, abuso de autoridad y corrupción, entre otros. En ese sentido, la credibilidad y transparencia con respecto a las motivaciones políticas y económicas de las bancadas que han impulsado la vacancia no son confiables para la ciudadanía. Es así que la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos muestra 90 % de desaprobación de los peruanos hacia el Congreso mientras que la de Ipsos señala un 88 % de rechazo. El actual Parlamento es percibido aún peor que el que fue disuelto.
INCAPACIDAD MORAL
Mucho se ha debatido sobre la figura de ‘incapacidad moral permanente’. Se encuentra desde hace tiempo nombrada como causal de vacancia, pero sigue siendo un concepto de libre interpretación. No existe una definición clara ni en la Constitución ni en la jurisprudencia constitucional ni en el estatuto parlamentario especializado en la materia y eso es preocupante porque podría poner en riesgo de nuevo la estabilidad del país.
Para Ursula Indagochea, abogada constitucionalista, la vacancia no es un proceso político, sino de control institucional. A través de esta, afirmó, se verifican situaciones objetivas, no valorativas. “El proceso en sí, como mecanismo, no está diseñado para tener estas discusiones valorativas, pues para ello, tendría que cumplir garantías mínimas de debido proceso que no tiene”, sostuvo para la revista CASINO. Como muestra, la experta hace referencia al artículo 117 de la Constitución donde se encuentran las causales que sí son políticas ya que derivan de un impeachment. De igual manera, considera que la incapacidad moral no debe ser entendida como una condición ética o moral porque nunca puede ser “permanente”. Por ello, indicó que debe ser tratado como incapacidad mental.
Por otro lado, María Alejandra Espino, abogada de la clínica jurídica de la PUCP, menciona que desde 1839 dicha figura se encuentra descrita como incapacidad física y psíquica; es decir, que ninguna persona con discapacidad podría asumir un cargo público. Y esto es porque se veía a la discapacidad bajo un modelo rehabilitador y de exclusión. “A partir de los 60, aparece el modelo social y propone que las personas con discapacidad no necesitan rehabilitarse para ser parte de la sociedad. Más bien, es la comunidad la que tiene que adaptarse a las personas con discapacidad para garantizar el ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones”, mencionó para la revista CASINO. Además, menciona que la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue ratificada por el Perú. En ella, se reconoce la capacidad jurídica, lo que quiere decir el derecho de elegir y ser elegido en un proceso electoral.
TC VACÍO
Para el 18 de noviembre, el Tribunal Constitucional (TC) debía resolver la demanda competencial que interpuso el Ejecutivo hace más de dos meses debido al primer intento de vacancia contra Vizcarra. Sin embargo, la decisión no se supo hasta después de 24 horas. Dicha resolución fue duramente criticada por el gremio de abogados ya que declara improcedente la denuncia, no es resolutiva y no disipa las dudas en torno a la ambigua y arbitraria figura de ‘incapacidad moral permanente’.
Los argumentos del documento oficial indican que al TC no le corresponde emitir un pronunciamiento debido a que a la fecha “se ha producido la sustracción de la materia controvertida”, lo que significa que el conflicto planteado en la demanda es irreversible o ya se resolvió.
Sin embargo, para el jurista Carlos Ramos Nuñez, haber desarrollado la demanda habría dotado de predictibilidad y seguridad a nuestro precario sistema político. “El TC no es cualquier tribunal de justicia para refugiarse en subterfugios formalistas; es una Corte de la que se esperan decisiones trascendentales que marquen el derrotero institucional del país. Queda que el próximo Congreso o una Asamblea Constituyente o elimine esa causal de vacancia o la limite objetivamente”, expresó.
SAGASTI Y GABINETE
Desde que se supo el deceso de los estudiantes durante las manifestaciones —8:30 p. m. aproximadamente—, más de la mitad de los ministros elegidos por Merino empezaron a renunciar parte de la noche del 14 de noviembre y en la madrugada del 15. Merino dimitió por la mañana y reconoció el descontento generado tras su nombramiento presidencial, pero declaró que detrás de las protestas también había “grupos interesados en producir caos”.
El país estuvo sin presidente por dos días. Ante esto, el Parlamento debía consensuar un método para elegir una nueva Mesa Directiva del Congreso ya que varios de sus integrantes también renunciaron. La primera lista que se votó fue única y estuvo liderada por Rocio Silva Santiesteban (Frente Amplio), quien sería la presidenta, acompañada de Francisco Sagasti (Partido Morado), Luis Roel Alva (Acción Popular) y Yessica Apaza (Unión por el Perú), en la primera, segunda y tercera vicepresidencia, respectivamente. Sin embargo, no llegó a los votos requeridos.
Finalmente, se armó una segunda lista con Sagasti a la cabeza, Mirtha Vásquez del Frente Amplio, Luis Roel de Acción Popular y Matilde Fernández de Somos Perú, en la primera, segunda y tercera vicepresidencia, respectivamente. Esta fue elegida con 97 votos a favor, 26 en contra y 0 abstenciones.
De ese modo, Francisco Sagasti de 76 años liderará el Gobierno de transición hasta el 28 de julio de 2021, momento en que tomará el poder el ganador de las elecciones generales del próximo 11 de abril.
