La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico salió al paso de la aprobación de la Resolución Conjunta del Senado 195, que establece la distribución de 4,7 millones de dólares generados por los ingresos de las máquinas tragamonedas entre diez municipios de la isla. La entidad cuestionó la medida porque, según afirmó, no se han explicado los criterios utilizados para definir qué municipios serían beneficiados y cuáles quedarían fuera del reparto.
Jorge González Otero, presidente de la asociación, planteó el problema en términos de equidad y transparencia institucional. «Los fondos de las máquinas de juegos de azar se generan en todo Puerto Rico y, por consiguiente, el país merece conocer qué metodología se utilizó para determinar quiénes recibirían estos recursos y quiénes quedarían excluidos», expresó el dirigente municipal.
El reclamo no es menor en términos fiscales. Puerto Rico cuenta con 78 municipios, muchos de los cuales atraviesan situaciones presupuestarias complejas en el marco de la reestructuración de la deuda pública que el territorio lleva años gestionando.
Qué distribuye la resolución y qué no explica
La Resolución Conjunta del Senado 195 establece asignaciones de 450.000 dólares para los municipios de Aguas Buenas, Yauco, Corozal, Aibonito, Barranquitas y Maunabo; 300.000 dólares para Cidra y Orocovis; y 714.000 dólares para Guayanilla y Las Marías.
Lo que la medida no detalla, según González Otero, es la base sobre la cual se determinaron esas cifras. El líder municipal señaló que la resolución no establece criterios relacionados con la población, los niveles de pobreza, la situación fiscal de los municipios, la cantidad de máquinas de juego instaladas en cada localidad ni el nivel de ingresos que cada municipio aporta al fondo. La ausencia de cualquiera de estos parámetros habría sido cuestionable por sí sola; la ausencia de todos ellos en conjunto es lo que, a juicio de la asociación, hace insostenible la medida desde el punto de vista de la equidad.
La disparidad entre las asignaciones también genera interrogantes. La diferencia entre los 300.000 dólares asignados a Cidra u Orocovis y los 714.000 dólares destinados a Guayanilla y Las Marías es considerable, y ningún elemento del texto legislativo conocido públicamente explica qué justifica esa brecha.
El dato que agudiza el cuestionamiento
Un elemento adicional intensificó el malestar de la asociación: ninguno de los municipios que forman parte de la Asociación de Alcaldes figura entre los diez beneficiados por la resolución. «Resulta igualmente llamativo que, de los 41 municipios que integran la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, no se haya incluido ni uno solo en la distribución anunciada.
Este punto es particularmente sensible porque sugiere que la selección de los municipios beneficiados no siguió una lógica técnica basada en indicadores objetivos, sino una que la asociación, al menos, no puede identificar ni verificar con la información disponible. La falta de representación de los municipios agrupados en la entidad no prueba por sí sola que la distribución haya sido arbitraria, pero sí refuerza la demanda de transparencia que la asociación ha planteado formalmente.
La directora ejecutiva exige datos concretos sobre la operación de las máquinas
Verónica Rodríguez Irizarry, directora ejecutiva de la Asociación de Alcaldes, amplió el reclamo al solicitar que se haga pública la información operativa sobre las tragamonedas en toda la isla. «Solicitamos un desglose detallado por municipio que incluya cuántas máquinas de juegos de azar operan en cada pueblo, cuánto dinero generan y cuál es la aportación de cada municipio al fondo que hoy se está distribuyendo», indicó Rodríguez Irizarry.
La petición apunta a un vacío de información que, de persistir, hace imposible evaluar si la distribución fue justa. Si un municipio concentra una porción significativa de las máquinas en operación y, por ende, una proporción importante de los ingresos que alimentan el fondo.
Los municipios, primera línea fiscal con recursos escasos
La Asociación de Alcaldes también recordó que los municipios, con independencia de su tamaño o composición política, enfrentan importantes desafíos fiscales y constituyen la primera línea de respuesta en la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía. Este argumento sitúa el debate en un contexto más amplio: en un territorio donde los gobiernos locales operan con márgenes presupuestarios estrechos, la distribución de fondos adicionales provenientes del juego no es un asunto menor.
La controversia abierta por la Asociación de Alcaldes pone así sobre la mesa una pregunta que trasciende esta resolución específica: ¿con qué criterios debe distribuirse en Puerto Rico el dinero que genera la industria del juego? La respuesta que den el Senado y el gobierno a esa pregunta definirá no solo el destino de estos 4,7 millones de dólares, sino también el marco de referencia para futuras asignaciones de fondos similares.
